Por Mauricio Lira Camacho
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El presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, dijo que esta misma semana deberá resolver el pago de 40 millones de pesos a empleados y policías que fueron cesados de anteriores gobiernos, los cuales enfrentaron procesos legales de defensa de manera deficiente.
Lo anterior destacó en entrevista con representantes de los medios de comunicación, a quienes dijo la mañana de este jueves tendría reuniones con abogados de los empleados que fueron despedidos, al parecer de manera injustificada.
La mitad de los despedidos son policías municipales, quienes fueron destituidos en el gobierno del emecista, Ramón Guerrero Martínez y los empleados también municipales desde los tiempos del priista, Gustavo González Villaseñor.
Estas notificaciones de pago, vía tribunales, le tocan a la actual administración municipal que encabeza Dávalos Peña.
Este tema salió a colación por la cuestión del papel de la sociedad que debe estar inmersa en no caer en crisis como en el 2008, a raíz de la influencia y las erroneas decisiones que se tomaron en su momento, lo que mermó la promoción y visita de turistas a este destino.
El papel del patronato del centro histórico que no funcionó y que al final solicitó millonarios recursos para operar, «la propuesta ahí quedó, no hay recursos, tenemos otras prioridades como la reunión que tendré hoy en unos minutos con abogados para el pago de 40 millones de pesos».
Nos están condenando a pagar primero una cantidad de 22 millones de pesos por los policías que se corrieron mal y en ese sentido tengo a los abogados para llegar a una negociación, dijo Dávalos.
Policías que fueron cesados, de la pasada administración, «además del pendiente de 22 empleados quienes fueron cesados y se deben pagar 18 millones de pesos a la brevedad, debemos erogar esos recursos de lo contrario podríamos estar suspendidos de las actividades por 15 días, según el exhorto».
40 millones en tan sólo dos casos y que deben ser resueltos, estamos en eso, proponiendo convenios con todo mundo, el caso de los policías es más grave por las sanciones incluso federales de suspender a todo el pleno edilicio, dijo.
Esto es, cada empleado estaría recibiendo un millón de pesos, por el pago de juicio ganado, según la denuncia.
