Tramitó el caso de agresión a una policía vial municipal como una falta administrativa y dejó libres a los implicados.
Comunicado | Miguel Octavio “N”, Juez Municipal de Puerto Vallarta, fue vinculado a proceso por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, al no aplicar el debido protocolo ante un delito denunciado en su jurisdicción, lo que le generó afectación a una víctima de lesiones al no tener acceso a una justicia pronta y expedita.
En audiencia que concluyó la tarde del viernes 28 de julio en el Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, la Jueza Ana Rosa Carrillo Dueñas, resolvió vincular a proceso al Juez Municipal por abuso de autoridad, al llevar a cabo actos atentatorios de los derechos humanos en perjuicio de la víctima, y por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, al “ejecutar actos, o incurrir en omisiones, que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio” y por “procurar la impunidad de los delitos o faltas de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, abstenerse de hacer denuncia de ellos o entorpecer su investigación”, según lo establece el Código Penal para el Estado Libre y Soberado de Jalisco.
Tras lo anterior, la Jueza determinó como medidas cautelares que Miguel Octavio “N” no podrá salir del país ni acercarse o molestar a la víctima, y deberá presentarse a control judicial durante un periodo de 6 meses.
En noviembre de 2022, una policía vial municipal que participaba en el operativo denominado “moto” en la colonia Coapinole, de Puerto Vallarta, fue agredida por una mujer y un hombre.
Dos policías viales que participaban en el operativo se percataron del incidente y auxiliaron a su compañera. Subieron a los agresores a su vehículo y le preguntaron a la víctima cómo quería proceder. Ella dijo que acudiría a los Servicios Médicos Municipales para obtener el parte médico de lesiones y procedería penalmente contra sus agresores, por lo que les pidió solicitar mando y conducción al Ministerio Público (MP) estatal.
Uno de los elementos pidió mando y conducción al MP, pero no informó que tenía personas detenidas, por lo que sólo le indicó cómo llenar el informe. Posteriormente, presentaron a las dos personas por una falta administrativa ante el Juez Municipal, Miguel Octavio “N”, quien fijó fianza a los agresores y los dejó libres, sin dar vista al Ministerio Público.
Por su parte, la víctima acudió a los Servicios Médicos Municipales donde evaluaron que las lesiones que le provocaron tardaban más de 15 días en sanar; pero, como sus agresores habían sido liberados, presentó la denuncia que integró la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta.
Por estos hechos, el pasado 8 de junio, los policías viales municipales de Puerto Vallarta Mónica Daniela “N” y José Manuel “N” fueron vinculados a proceso, también por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, y dos semanas después, el 20 de junio lograron la suspensión condicional del proceso tras llegar a un acuerdo reparatorio avalado por un juez consistente en el pago de $10,400 pesos, como reparación del daño a la víctima, así como el pago de $7,000 pesos como donativo a la asociación civil Pasitos de Luz, Mamás Unidas por la Rehabilitación de sus Hijos de Puerto Vallarta, por concepto de reparación del daño causado a la sociedad.
