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Xalapa, Ver.
María Georgina Domínguez Colío, directora de Comunicación Social en el gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa, fue vinculada a proceso por los delitos de coalición, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio del estado de Veracruz, derivados del desvío de 5 mil millones de pesos, de los cuales 105 millones habrían sido canalizados a empresas fantasmas, presuntamente de su propiedad.
Durante una audiencia de más de ocho horas, la cual comenzó a las 17 horas del viernes y concluyó la madrugada del sábado, se puso en evidencia que violentó diversas disposiciones legales e hizo pagos indebidos sin contrato ni transparencia a compañías fantasmas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) acusó a Domínguez Colío de hacer pagos millonarios a Othón González Ruiz, dueño de medios de comunicación, como el portal El Golfo Info; a la familia Sánchez Macías, de los Heraldo de Veracruz; los periódicos El Centinela y El Águila, de Veracruz, así como a Radio Capital. Los últimos dos, supuestamente de su propiedad.
También se puso en evidencia que durante la gestión de Domínguez Colío se hicieron pagos indebidos a ocho empresas fantasma, entre las cuales se habrían distribuido 105 millones 927 mil pesos.
El Centro de Recursos de Negocios recibió 11 millones 688 mil 840 de pesos; Mogaver, 12 millones; Comercializadora Monmart, 30 millones; G-Man Smart Business, 17 millones 501 mil 296; Cordocom, 4 millones 822 mil; Corporativo Ribello, 5 millones; Comercializadora Maza de Córdoba, 17 millones 250 mil, y Nueva Imagen, 7 millones 665 mil 664 pesos.
La forma de operar de la ex vocera duartista, según la fiscalía, consistía en hacer pagos a dueños de medios de comunicación y compañías fantasmas mediante acuerdos verbales, sin contratos de por medio y sin contar con una partida presupuestal para ello.
Del primero de diciembre de 2010 al 19 de febrero de 2014, Domínguez Colío envió cada mes paquetes millonarios con órdenes de pago a la Secretaría de Finanzas estatal en beneficio de las firmas antes mencionadas, con lo cual violentó varias disposiciones legales.
Durante los primeros años de su encargo, ni la Contraloría General del estado ni el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) le pidieron rendir cuentas sobre los convenios suscritos con los medios. En 2012, cuando lo hicieron, la entonces vocera negó la información.
En la denuncia contra Domínguez Colío resaltaron los nombres de funcionarios implicados en el desvío de recursos en el área de comunicación social, como Alberto Silva Ramos, Tomás Ruiz González, Antonio Tarek Abdalá Saad, Gabriel Deantes Ramos, Édgar Spinoso Carrera, Salvador Manzur Díaz, Fernando Charleston Hernández, Carolina Estrada Acosta, Carlos Hernández Martínez, Mauricio Audirac Murillo, Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez González y Antonio Gómez Pelegrín.
La FGE resaltó en sus acusaciones que, con base en las pruebas documentales y testimonios, se establece que el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría General del estado nunca hicieron una auditoría a la Coordinación de Comunicación Social, en particular al asunto de los contratos con los medios.
Por las imputaciones de la FGE, la defensa de Domínguez Colío hizo señalamientos en contra de Alberto Silva Ramos, Juan Octavio Pavón e Irma Chesti Viveros, quienes la sucedieron en el cargo. La ex vocera estuvo de 2010 a 2014.
Además, se excusó de tener responsabilidad en los pagos. Aseguró que fueron los titulares de la Secretaría de Finanzas quienes realizaban los rembolsos.
Tras el debate, la juez Verónica Portilla Suazo decidió vincularla a proceso, sin afectar el año de prisión preventiva en que se desahoga el juicio. Otorgó seis meses a la Fiscalía del estado para efectuar una investigación complementaria.
Luego de conocerse la resolución de la juez, la defensa de Domínguez Colío informó que interpondrá un recurso de apelación.
Domínguez Colío fue capturada el pasado 20 de mayo en sus oficinas de la Fundación Colosio, en avenida Orizaba número 46, y llevada al penal de Pacho Viejo la medianoche del domingo 21.
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