Unidad de Inteligencia Financiera emite extrañamiento a fiscal de Puebla por filtración de datos

El funcionario comentó que Gilberto Higuera Bernal tiene la obligación de resguardar la información contenida en las denuncias, y como hubo una indebida revelación pública, el fiscal incumplió con esta protección.

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hizo un extrañamiento al Fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, luego de que diversos medios de comunicación publicaron datos e información extraídos de una denuncia presentada ante dicha fiscalía estatal.

Las denuncias o vistas que se presentan “contienen información obtenida por esta unidad en el ejercicio de sus funciones de inteligencia, por lo que toda autoridad receptora tiene la obligación legal de resguardarla bajo estricta reserva”, manifestó el jefe de la UIF.

Dijo que esta reserva es conforme lo ordenan las leyes relativas a la prevención y lucha contra el lavado de dinero, a la transparencia y acceso a la información, a la seguridad nacional y a los procedimientos penales.

La UIF envió un oficio al Fiscal estatal, señalando que los datos publicados están contenidos específicamente en el documento que le fue remitido y que su “sistematización mediática está evidentemente dirigida a la construcción de una presunta historia criminal distinta a lo denunciado por la Unidad de Inteligencia”.

En ese contexto, Pablo Gómez expuso: “Lo anterior me motiva a expresarle un enérgico extrañamiento, en mi carácter de Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante lo que significa, cuando menos, una omisión en la debida diligencia que como autoridad procuradora estatal debió observar para garantizar el resguardo y reserva de diversos datos relacionados con la identidad de las personas, las operaciones en el sistema financiero, así como la naturaleza y fuente de la información proporcionada a esa Fiscalía.”

Advirtió que la indebida revelación pública de la información de inteligencia diseminada por la unidad, en ejercicio de sus atribuciones, “puede lesionar el objetivo central que persigue la legislación anti lavado de dinero: la preservación de la estabilidad en el sistema financiero y en la economía nacional. En el extremo, puede constituir un riesgo para la seguridad nacional”, precisó.

                                                         
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