Luego de que Roberto Rodríguez Medrano avaló el estudio de impacto ambiental en 2018, la Profepa confirmó una sentencia que obliga a la empresa inmobiliaria a demoler más de 1,400 metros cuadrados afectados y pagar una multa mínima.
Quien en su momento fungió como delegado de la Semarnat en Nayarit y hoy se desempeña como encargado de despacho de la Profepa en el estado, Roberto Rodríguez Medrano, quedó en el centro de la polémica luego de que se confirmaran las sanciones definitivas contra el complejo hotelero Punta Paraíso. Fue precisamente bajo la gestión de Rodríguez Medrano en 2018 cuando se ratificaron y avalaron los estudios e impactos ambientales que permitieron la construcción de este polémico desarrollo en la zona costera de San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, así lo difundió en sus redes sociales el exdiputado local, Ismael Duñalds Ventura.
Tras seis años de litigio, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió por unanimidad negar el amparo y la protección de la justicia federal a la empresa Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V., confirmando la validez de las sanciones impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por graves afectaciones a la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar.
La resolución implica que la empresa deberá cumplir con una medida calificada por diversos sectores como irrisoria frente al daño ecológico provocado al destruir un histórico santuario de anidación de tortugas: la restitución a su estado base de una superficie de 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar mediante la demolición de las obras construidas irregularmente, además del pago de una multa de apenas 96 mil 220 pesos. La sentencia administrativa también establece la pérdida de bienes en beneficio de la Nación respecto de los edificios denominados Torre 1 y Torre 2.
“Este fallo es una importante victoria para la comunidad de San Pancho y para la justicia ambiental, pues implica que prevalezca la protección del ecosistema, la recuperación de la superficie afectada y la salvaguarda de los bienes nacionales”, afirmó la procuradora federal de protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell.
Antecedentes de una autorización que hoy colapsa
El historial del proyecto se remonta al 13 de agosto de 2009, cuando la Semarnat otorgó un Título de Concesión sobre una superficie de 1,469.92 metros cuadrados exclusivamente para mantener el área en su estado natural. Posteriormente, el 26 de marzo de 2014, la concesión se modificó para incrementar el espacio a 2,534.003 metros cuadrados (derivado de terrenos ganados al mar), limitando su uso estrictamente a actividades de esparcimiento y embellecimiento (ornato), sin posibilidad de modificarlo a otros fines u obras de aprovechamiento comercial.
Pese a dichas restricciones, la empresa ocupó ilegalmente 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, edificando las torres hoteleras que fueron constatadas en una visita de inspección iniciada el 1 de diciembre de 2021 por la Profepa, culminando en la resolución del 15 de agosto de 2022 que ordenó la reparación del daño.
Tras intentar frenar el proceso mediante un juicio de nulidad presentado el 28 de septiembre de 2022 —y cuya validez fue reconocida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el 6 de mayo de 2025—, la empresa interpuso un amparo que finalmente fue desechado por el Tribunal Colegiado este 7 de octubre de 2026, dejando en firme la orden de derribo de un complejo que hoy se encuentra severamente erosionado por el avance del mar.
Fuente: PROFEPA / Tribunal Federal de Justicia Administrativa | © Con información de Lorena Moguel - Redacción NoticiasPV
