Piden a partidos que atiendan casos de sentencias para indígenas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones, familiares y defensores de los derechos de indígenas demandaron a los partidos políticos involucrarse en la atención de los casos de aquellos que han sido sentenciados en condiciones irregulares.

Como parte de la campaña #EsJustoQueSepas se dio a conocer el caso de Adela García Carrizosa, que desde 2009 se encuentra recluida en el penal de Tanivet, en Tlacolula, Oaxaca, acusada por haber participado en la muerte de su cuñado, de quien se libró de que la violara.

“Sacó su pistola, me apuntó en la cabeza. Me quería violar, pero llegó mi esposo corrí y agarré a mi niña”, describió García Carrizosa, sobre lo que sucedió el 28 de mayo de 2009.

La inculpada, quien se recuperaba de una cesárea por el nacimiento de su segunda hija, fue víctima de un intento de violación por parte de su cuñado, por lo que su esposo Germán, para defenderla de la agresión, dio muerte a su hermano.

El abogado Gerardo Martínez, del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet), quien lleva el caso, dijo que Adela García Carrizosa indígena mazateca, vivía con su familia en la comunidad Agua de Niño, del municipio de San Lucas Zoquiapam, y como no sabía hablar español, no entendió de qué era acusada y al no poder explicar lo que había ocurrido, el juez la condenó.

“Ella comprendía muy poco el español, le tomaron su declaración ministerial sin abogado, ni intérprete, aunque en el expediente asentaron que estuvo asistida del defensor de oficio y que reconoce haber participado en los hechos, pero no entendió absolutamente de qué se trataba, y Adela, recuerda que firmó un papel en blanco”, explicó.

García Carrizosa fue declarada culpable de homicidio calificado con el agravante de ventaja y sentenciada a 20 años de prisión, y ahora, tras la apelación, se espera la resolución de la Sala de Justicia Indígena y de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre la Situación en México 2015, prevalece la discriminación interfiere en las garantías judiciales en los casos en los que las indígenas se ven involucradas como víctimas, acusados o testigos.

Por ello, demandaron que los partidos políticos también asuman su responsabilidad para apoyar los casos de los indígenas que necesitan apoyo, como el de Adela García García Carrizosa, al cual le ha dado seguimiento la organización Equis. Justicia para las Mujeres.

                                                         
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