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Xalapa, Ver.
Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desalojaron a una docena de empresarios que realizaban un plantón frente a las oficinas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en demanda del pago de 500 millones de pesos que el gobierno de Veracruz adeuda a por lo menos 80 proveedores, denunció Jesús Castañeda Nevárez, presidente de la asociación Empresarios SOS.
Alejandro Cossío, uno de los manifestantes, dijo que algunos adeudos corresponden a los tres últimos años del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2014-2016), y otros a la actual administración. En campaña, el panista Yunes Linares prometió que liquidaría las cuentas pendientes, lo que no ha hecho, a cuatro meses y medio de que deje el cargo.
Cossío detalló que en marzo pasado el gobierno estatal canceló un contrato con la empresa Grupo RNA, que prestaba servicio de hemodiálisis en los hospitales del estado, pero no le pagó 54 millones de pesos correspondientes a 2017.
El 16 de julio un grupo de empresarios llegó a los portales del palacio de gobierno. Extendieron mantas con las leyendas: ‘‘Gobernador, honre su palabra. Pague a proveedores veracruzanos’’, y ‘‘Empresas en problemas por falta de pago del gobierno’’.
En respuesta, la autoridad estatal emitió un comunicado en el cual señaló que a los manifestantes ‘‘se les informó que las gestiones de cobro se hacen ante la Secretaría de Finanzas, concertándoles una cita con un alto funcionario de esa dependencia’’.
El texto advierte: ‘‘Se analiza si las cuentas que pretenden cobrar al gobierno del estado, derivadas de presuntos contratos con Javier Duarte, tienen sustento legal o forman parte de los adeudos ficticios que cómplices del ex mandatario han pretendido que pague este gobierno, lo que no sucederá’’.
Los aludidos rehusaron acudir al lugar indicado y negaron haber sido cómplices del saqueo que se atribuye a Duarte de Ochoa. ‘‘Durante dos años hemos ido de una dependencia a otra esperado nuestro pago. Son muchas horas de paciencia, de espera y de tolerancia, y ya estamos al límite’’, comentó Jesús Castañeda.
Luego de plantarse frente a la oficina del gobernador, ordenaron comida. Llegada la noche fueron por una cafetera y pidieron cobijas, pero alrededor de las 21 horas, cuando el personal de confianza salía de las oficinas, la policía los desalojó.
A las puertas del palacio de gobierno fueron desplegados unos 20 elementos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz; dentro, otros agentes vestidos de civiles sacaron a los manifestantes de las oficinas y del edificio.
Alejandro Cossío responsabilizó del desalojo a José Antonio Garza García, quien dijo ser subsecretario de la SSP. Tras el jaloneo, algunas empresarias resultaron con moretones y otras sufrieron crisis nerviosas.
Castañeda Nevárez, representante de Empresarios SOS, se reunió ayer con funcionarios de la Secretaría de Finanzas, con quienes acordó hacer una lista de acreedores y pasivos y presentar documentos que avalen la prestación de servicios o la proveeduría para que la Contraloría General analice opciones de pago.
Sin embargo, los empresarios respondieron que éstas son sólo tácticas dilatorias.
El gobierno de Yunes Linares aduce que está en cambio de administración y no hará pagos que no estén debidamente sustentados, a fin de evitar ilícitos y problemas legales, explicó Castañeda Nevárez a un grupo de empresarios que lo esperaron fuera.
Los manifestantes acordaron planear más acciones para los siguientes días. ‘‘Sólo reclamamos lo que es nuestro’’, manifestó Castañeda Nevárez.
Al cierre de esta edición se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, emitió un citatorio dirigido al empresario Alejandro Cossío Hernández.
‘‘Me acaban de notificar que el secretario de Salud, Irán Suárez Villa, y el director de administración, Miguel Ángel García Ramírez, me acaban de denunciar. Esa es la respuesta del loco gobernador que tenemos’’, reprochó.
Afirmó que van contra él porque ‘‘me achacan ser la cabeza del movimiento empresarial que denuncia los adeudos y por haber hecho declaraciones contra la elección del hijo (Miguel Ángel Yunes Márquez) para mandatario.
‘‘Pretenden librarme orden de aprehensión para inhabilitarme en caso de que buscara ser miembro del gabinete del próximo gobierno’’, subrayó el empresario.
Cossío Hernández advirtió que se defenderá. ‘‘Lo único que me mueve es que nos paguen. Lo demás son tonterías’’.
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