Los líderes nacionales de la oposición, Jorge Romero y Alejandro Moreno, calificaron de persecución política el citatorio de la FGR contra la mandataria de Chihuahua y advirtieron que cualquier acción legal requerirá el aval del Congreso local.
Las cúpulas nacionales de los partidos de oposición manifestaron un rechazo absoluto a los requerimientos judiciales emitidos contra sus perfiles gubernamentales. Los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, emitieron pronunciamientos de respaldo hacia la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, luego de confirmarse su citación ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El presidente del bando albiazul, Jorge Romero, sostuvo que la medida implementada por el Ministerio Público de la Federación evidencia una estrategia de acoso institucional en contra de los liderazgos opositores. El dirigente argumentó de forma crítica que la mandataria estatal está siendo requerida tras el desmantelamiento de un complejo clandestino de narcóticos, contrastando la celeridad del caso con la presunta protección oficial que el partido gobernante brinda al mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En el plano procesal, la dirigencia del PAN minimizó los alcances del requerimiento federal al recordar que Campos Galván posee inmunidad, especificando que cualquier procedimiento de carácter ministerial o punitivo en su contra debe someterse obligatoriamente a la validación previa del Congreso del Estado de Chihuahua. Asimismo, adelantaron la organización de movilizaciones ciudadanas en la entidad norteña para frenar lo que consideraron un atropello a la soberanía local.
Por separado, el líder nacional del PRI y senador de la república, Alejandro Moreno, utilizó sus plataformas digitales para acusar al Ejecutivo Federal de operar con criterios de complicidad y selectividad de la justicia. Las representaciones del tricolor manifestaron que la única lógica para citar a comparecer a quien combate los laboratorios de droga sintética es desviar la atención de los pliegos criminales radicados en las cortes de los Estados Unidos que vinculan a funcionarios de Sinaloa con la delincuencia organizada.
Fuente: Jorge Romero (PAN) y Alejandro Moreno (PRI) | © Redacción NoticiasPV
