El crimen organizado ha encontrado en el sistema de justicia juvenil una «mina de oro», reclutando adolescentes debido a que la ley impide que la mayoría termine en prisión.
El crimen organizado en México ha perfeccionado su estrategia de reclutamiento, enfocándose en un sector que goza de un blindaje jurídico casi total: los adolescentes. Datos recientes de la Fiscalía de Puebla revelan una tendencia alarmante; entre 2020 y 2025, cientos de menores fueron detenidos por posesión de narcóticos como cristal y cocaína, pero apenas el 5.7% de ellos enfrentó un proceso penal real. Esta brecha de impunidad no es un error del sistema, sino una laguna que el narco explota a su favor.
Especialistas en derecho penal juvenil advierten que la legislación actual prioriza la reinserción social y la protección de los derechos de los menores, lo que convierte a la cárcel en el último recurso. Para los grupos delictivos, esto significa que los adolescentes pueden ser utilizados como «mulas» o distribuidores con un riesgo mínimo para la organización, ya que, en caso de ser capturados, suelen ser liberados mediante criterios de oportunidad o programas de rehabilitación.
El fenómeno no solo responde a las facilidades legales, sino también a un entorno social degradado. La normalización de adicciones a temprana edad y la falta de figuras de autoridad en el hogar facilitan que jóvenes de entre 14 y 17 años sean seducidos por la delincuencia. Mientras la ley considere a estos jóvenes únicamente como víctimas del sistema y no como piezas operativas de cárteles, el reclutamiento forzado y voluntario seguirá en aumento, dejando a la sociedad ante el reto de endurecer las normas sin vulnerar los derechos humanos.
Fuente: El Sol de Puebla | © Redacción NoticiasPV
