La legisladora Laura Itzel Castillo turnó el expediente financiero del senador sinaloense a las áreas administrativas, en medio de ríspidos reclamos de la oposición por sus prolongadas ausencias y los señalamientos de la justicia estadounidense.
Las repercusiones operativas y financieras derivadas de las investigaciones internacionales contra legisladores federales comenzaron a generar incertidumbre en los órganos de gobierno de la Cámara Alta. La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, reconoció públicamente que carece de información precisa sobre los mecanismos que se están empleando para efectuar el pago de la dieta económica correspondiente al senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas de forma integral por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Al ser cuestionada por los medios de comunicación en el recinto parlamentario, la diputada Castillo evadió profundizar en la situación financiera del legislador sinaloense, limitándose a señalar que el cumplimiento de las percepciones económicas o la entrega de justificantes médicos y laborales son asuntos de estricto orden administrativo interna del Senado de la República. La controversia jurídica estriba en que, mientras mantenga su cargo constitucional, la institución se encuentra obligada a cubrir sus ingresos; no obstante, la Ley de Instituciones de Crédito prohíbe realizar transferencias a personas incluidas en la lista de cuentas bloqueadas, obligando a las direcciones financieras a buscar alternativas legales.
A la par de las restricciones monetarias, la bancada de la oposición, encabezada por la senadora priista Carolina Viggiano, arremetió contra las ausencias del morenista, quien no se presenta a las actividades legislativas de la Comisión Permanente desde finales del mes de abril. Esta ausencia se prolongó luego de que fiscales federales de los Estados Unidos señalaran a Inzunza Cázarez por supuestos vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa. Aunque el senador rechazó los cargos, solicitó una licencia temporal a su escaño y no cuenta con imputaciones formales ni fichas de búsqueda vigentes en el territorio nacional, los bloques opositores exigen auditorías a los recursos públicos asignados y transparencia en los descuentos aplicados a su salario.
Fuente: Congreso de la Unión | © Redacción NoticiasPV
