Esta iniciativa se da en el marco de que personajes señalados en este entramado criminal han promovido amparos y acciones judiciales para no enfrentar la justicia
El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la creación de una comisión especial para investigar el huachicol fiscal y la facturación falsa, delitos que afectan gravemente la recaudación nacional y fomentan la corrupción en estructuras clave del Estado mexicano.
La propuesta fue encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara Baja, quien explicó que la solicitud se basa en el Artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General:
“Queremos que se constituya una comisión especial que vigile y desarrolle con mayor fuerza las investigaciones sobre huachicol fiscal y facturación falsa. Es urgente acelerar las indagatorias, ir a fondo y que se informe con puntualidad sobre los operativos, los detenidos y los procesados”, declaró el legislador.
Para Morena, el combate al huachicol fiscal en México es prioritario en el marco del Paquete Económico 2026 que contempla ingresos adicionales por más de 500 mil millones de pesos.
“No podemos permitir que las finanzas públicas sigan siendo vulneradas por redes criminales que operan con complicidad institucional. Este esfuerzo es también para proteger los programas sociales, el gasto federalizado y las pensiones”, añadió Ramírez Cuéllar.
Corrupción en Semar y aduanas por robo de hidrocarburos: caso Tampico y Ensenada
Uno de los casos más graves ocurrió a inicios de 2025 cuando la FGR desmanteló una red de huachicol fiscal tras decomisar 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. En esa operación fueron detenidas 14 personas, entre ellas empresarios, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y exfuncionarios aduanales.
Las investigaciones condujeron a la captura de Francisco Javier Antonio Martínez, exdirectivo de aduanas en Tampico, y del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda. La red utilizaba documentación falsa y operaba con la colusión de agencias aduanales, transportistas y funcionarios públicos.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Semar asumió el control de puertos y aduanas para blindarlos frente a la corrupción. Sin embargo, los hechos recientes evidencian que las redes delictivas persisten y se adaptan, lo que ha generado preocupación entre legisladores y especialistas.
Reforma aduanera y control fiscal: estrategia legislativa
En el plano legislativo, Morena impulsa igualmente una reforma a la Ley Aduanera, prevista para dictaminarse en la Comisión de Hacienda. Esta iniciativa, junto con el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) contemplado en el Paquete Económico 2026, busca reforzar el sistema aduanal y combatir la importación ilegal de combustibles y la manipulación de importaciones temporales.
Ramírez Cuéllar subrayó que estas medidas son esenciales para garantizar la sustentabilidad de las finanzas públicas: “Necesitamos cerrar las puertas a la evasión fiscal y a las redes que se aprovechan de los vacíos legales y la complicidad institucional”, afirmó.
Michel Levien, abogado especializado en antilavado y anticorrupción, advirtió que el huachicol fiscal implica corrupción en altos niveles. “Quienes deberían verificar y controlar las aduanas a menudo colaboran con las redes criminales o ignoran deliberadamente las irregularidades. Esta colusión permite que el delito continúe afectando la economía y la confianza en las instituciones”, señaló.
La propuesta de Morena, según sus legisladores, busca romper esos vínculos mediante una vigilancia estricta y una voluntad política firme: “No basta con reformas legales. Necesitamos una Fiscalía activa, con capacidad de investigación y sin tolerancia ante la corrupción institucional”, concluyó Ramírez Cuéllar.
