Tras las caídas de Gerardo Mérida y Enrique Díaz en Nueva York, crece la expectativa sobre el destino judicial del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y su círculo cercano.
La estructura política que acompañó la gestión del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta su crisis más severa ante los tribunales de los Estados Unidos. Luego de confirmarse la detención del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez y trascender la entrega del exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, en la corte de Nueva York, los reflectores internacionales se han posado sobre el resto de los integrantes de la lista de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados formalmente por Washington de conformar una presunta red de protección institucional para la facción de «Los Chapitos».
El expediente abierto en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York divide a los señalados en tres bloques específicos según su estatus administrativo. En el sector de funcionarios en activo sobresale el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Por otro lado, en el grupo de servidores con licencia temporal figuran el propio Rubén Rocha Moya —quien se separó del cargo el pasado 2 de mayo dejando como interina a Yeraldine Bonilla Valverde—, el vicefiscal estatal Dámaso Castro Saavedra y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
La lista la completan exmandos de las corporaciones de seguridad pública, entre ellos los exjefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía local, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsubdirector de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien además enfrenta cargos de secuestro. De acuerdo con las disposiciones emitidas por el Departamento de Justicia de EE. UU., los imputados enfrentan acusaciones federales por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento de uso exclusivo, delitos que conllevan penalidades que van desde un mínimo obligatorio de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Fuente: Tribunal del Distrito Sur de Nueva York | © Redacción NoticiasPV
