Liberado tras colaborar con autoridades estadounidenses, Edgar Veytia fue demandado en Washington por víctimas de tortura, extorsión y despojos durante su paso como fiscal de Nayarit. La justicia mexicana nunca lo tocó, así lo revela Los Angeles Times, en su versión digital.
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Tras pasar menos de ocho años en una prisión de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, mejor conocido como “El Diablo”, ahora enfrenta un nuevo proceso judicial. Esta vez no como acusado penal, sino como demandado civil por parte de cinco víctimas nayaritas que lo acusan de tortura, extorsión y abuso de poder durante los años en que encabezó la Fiscalía estatal.
La demanda fue presentada en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., bajo la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, legislación estadounidense que permite presentar acciones civiles contra funcionarios extranjeros que hayan cometido crímenes graves como parte de su cargo oficial.
De acuerdo con la información publicada por Los Ángeles Times en su versión digital, las corresponsales en México, Cecilia Sánchez Vidal y Liliana Nieto del Río, documentan los testimonios de quienes vivieron el terror bajo el régimen de Veytia. Sus relatos describen detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, violencia sexual, tortura y despojo de propiedades, todo bajo el amparo institucional de un fiscal que respondía más al crimen organizado que al estado de derecho.
Uno de los casos más contundentes es el de Gerardo Montoya y su esposa Yadira Zavala, una pareja que afirma haber sido interceptada en carretera, esposada y llevada por policías estatales ante el propio Veytia. Según su testimonio, fueron obligados a entregar la escritura de una propiedad bajo amenazas y violencia. A Montoya lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, mientras su esposa fue acosada y presionada para regresar a casa por los documentos.
Otro caso es el de Yuri Disraeli Camacho Vega, exagente de la policía estatal, quien aseguró haber sido perseguido, detenido y torturado tras denunciar que la corporación protegía a una familia ligada a un cártel. Camacho afirma que fue sometido a golpes, asfixia simulada (waterboarding) y obligado a retirar sus denuncias bajo amenaza de muerte.
Los abogados que representan a las víctimas forman parte de Guernica 37, una organización con sede en San Francisco especializada en justicia internacional, junto con la Clínica de Litigios de Derechos Civiles de la Universidad de California en Irvine. Ambos despachos pro bono argumentan que, aunque Veytia ya cumplió una pena reducida en EE.UU., las víctimas en México jamás tuvieron acceso a la justicia, por lo que buscan reparación civil por los abusos cometidos.
“El Sr. Veytia cometió algunos crímenes terribles, pero lo pagó en prisión y está tratando de rehacer su vida”, declaró su abogado en Nueva York, Alexei Schacht, quien ha calificado la demanda como una maniobra oportunista de “falsos acusadores” en busca de dinero.
Sin embargo, las víctimas insisten en que el daño que recibieron no fue económico, sino físico y emocional, y que la justicia en México fue inexistente. “Cuando las instituciones encargadas de protegernos son las mismas que nos torturan, el silencio no es opción”, señalaron en su declaración pública.
Edgar Veytia, de doble nacionalidad mexicana y estadounidense, fue detenido en marzo de 2017 en San Diego y se declaró culpable en 2019 por conspiración para traficar drogas. Su condena inicial de 20 años fue reducida tras colaborar como testigo en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, a quien implicó en la protección al Cártel de Sinaloa por órdenes —según él— del expresidente Felipe Calderón.
La historia de Veytia revela no solo los abusos de un funcionario corrupto, sino el vacío de justicia en México para las víctimas de funcionarios coludidos con el narco. Hoy, desde territorio estadounidense, esas voces buscan abrir una vía alternativa para el reconocimiento y la reparación. Y también, para dejar constancia de lo que en su estado fue, durante años, una dictadura criminal con placa oficial.
