Una iniciativa en el Congreso estadounidense pretende otorgarle facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir activamente contra los grupos criminales
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Dan Crenshaw y Michael Waltz, legisladores de Texas y Florida respectivamente, presentaron ante el Congreso de Estados Unidos una propuesta para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en contra de los cárteles mexicanos.
Concretamente, los congresistas buscan que se le otorguen facultades al Ejército de EEUU para “combatir, atacar, resistir, tener en la mira, eliminar y limitar la influencia” de los grupos criminales responsables de traficar fentanilo —o sustancias relacionadas con él— y aquellos involucrados en la violencia que ha causado una “desestabilización regional en el hemisferio occidental”.
En este sentido, la resolución enlistó a las nueve organizaciones delictivas que, a consideración de los legisladores mencionados, deberían ser enfrentadas por las fuerzas militares:
1. Cártel de Sinaloa (CDS)
2. Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
3. Cártel del Golfo (CDG)
4. Cártel de Los Zetas
5. Cártel del Noreste (CDN)
6. Cártel de Juárez
7. Cártel de Tijuana, conocido también como el Cártel de los Arellano Félix (CAF)
8. Cártel de los Beltrán Leyva
9. La Familia Michoacana / Cártel de los Caballeros Templarios
El trasiego de fentanilo hacia EEUU ha provocado una oleada de cientos de miles de muertes por sobredosis en los últimos años. (FGR)Quienes impulsaron esta propuesta resolvieron nombrarla como la “AUMF CARTEL Influence Resolution” por las siglas en inglés para “Autorización para el Uso de las Fuerzas Militares para Combatir, Atacar, Resistir, Tener en la mira, Eliminar y Limitar la influencia de las organizaciones delictivas”.
Entre los argumentos presentados por Crenshaw y Waltz ante la Cámara de Representantes estadounidense están algunos de los episodios que han vuelto tristemente célebres a estos grupos criminales.
Por ejemplo, mencionaron la participación activa de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación en el tráfico de sustancias como el fentanilo hacia EEUU, un narcótico que causa un aproximado de 80 mil fallecimientos al año y es la principal causa de muerte de ciudadanos de aquel país entre 18 y 45 años.
Los reportes más recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) revelaron que, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, opioides sintéticos como el fentanilo y el tramadol estuvieron involucrados en 68 mil 82 muertes por sobredosis en EEUU.
Dicha cifra fue 2,7 veces mayor a los decesos provocados por sobredosis de cocaína (25 mil 142) y 11 veces superior a las muertes por heroína (seis mil 170).
José Silvestre Urzúa fue un mando de alto rango de la Guardia Nacional asesinado por los grupos criminales en Zacatecas en noviembre de 2022. (Infobae/Jovani Pérez)Adicionalmente, los congresistas externaron su preocupación debido a las constantes intimidaciones, emboscadas, secuestros, torturas y asesinatos de los cárteles mexicanos en contra de los agentes de seguridad mexicanos. Uno de los actos de mayor relevancia en este sentido fue la ejecución de José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional (GN) en Zacatecas, ocurrida el 24 de noviembre de 2022.
La iniciativa llegó a la Cámara de Representantes estadounidense desde enero de 2023 y, hasta el momento, se mantiene en pausa. Para que se haga efectivo el uso de “toda la fuerza necesaria y apropiada” de las Fuerzas Armadas de EEUU con el objetivo de enfrentar a los cárteles mexicanos, la propuesta debe ser aprobada en dicho recinto legislativo y enviada al Senado.
En caso de que el Senado le dé luz verde a esta resolución, llegará a las manos del presidente Joe Biden y será él quien, finalmente, tendrá la última palabra para decidir si el proyecto se convierte en ley.
Conviene resaltar que el escrito presentado ante el Congreso pretende que, si llegara a autorizarse la acción militar de EEUU contra los cárteles mexicanos, esta medida tenga una duración de cinco años.
“La autoridad para usar toda la fuerza necesaria y apropiada […] terminará en la fecha que sea 5 años después de la fecha de promulgación de esta resolución conjunta”, puede leerse en el documento oficial de la Cámara de Representantes.
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