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GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó bloquear las cuentas bancarias del municipio de Autlán de Navarro por presuntas operaciones ilícitas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La UIF informó el pasado 2 de junio que, como resultado del operativo “Agave Azul”, fueron congeladas mil 929 cuentas bancarias, presuntamente vinculadas al CJNG. En dicho operativo participaron la DEA y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del gobierno de Estados Unidos.
El municipio tramitó el pasado 8 de junio dos amparos que se radicaron ante el Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Materia Administrativa.
El primero quedó bajo el expediente 571/2020, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En el expediente incidental se concedió al organismo “la suspensión provisional con los requisitos y límites que se indican”, y el próximo lunes se realizará la audiencia.
Mientras que en el expediente principal “se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado”, y el 8 de julio se realizaría la audiencia constitucional.
Al municipio de Autlán también le admitió el amparo 572/2020 y el 8 de julio se efectuaría la audiencia constitucional. Mientras que en el incidental se le concedió la suspensión provisional y la audiencia se llevará a cabo el próximo lunes.
El ayuntamiento de Autlán alegó en su demanda que la disposición es infundada e ilegal, y que pone en riesgo la operación de servicios públicos y atención social.
Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mantiene las cuentas congeladas.
A otros dos municipios, El Grullo y Juchitlán, también les habrían bloqueado desde la semana pasada sus cuentas bancarias, según reporta el portal Letra Fría.
Los tres municipios afectados se encuentran en la Sierra de Amula, territorio controlado por Nemesio Cervantes “El Mencho”, presunto líder del CJNG.
La reportera solicitó entrevista a través de las respectivas áreas de comunicación social de los municipios para conocer su postura sobre la decisión de la CNVB, pero no hubo respuesta.
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