La extorsión es uno de los delitos de alto impacto al alza en los últimos cuatro años. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta semana una nueva estrategia nacional contra el crimen.
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A escasos días de la celebración del Día del Padre en junio de 2019, cuando su tienda de ropa para caballeros en el Centro Histórico de la CDMX estaba atestada de clientes, un comerciante recibió una llamada que lo dejó petrificado. Del otro lado de la línea escuchó la voz de un hombre que sin identificarse le dijo: “Necesito que me preparen 10 mil pesos semanales, si no vamos a tener que actuar”.
La primera reacción del empresario capitalino, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias, fue colgar y no volver a atender el teléfono por unos días, pero a la siguiente semana se repitió la llamada. Entonces se armó de valor y respondió que no pagaría la extorsión porque esa cifra suponía la mitad de sus ingresos de un día.
“Pues aténganse a las consecuencias”, escuchó decir al otro lado del teléfono. Por ocho meses, nadie en su tienda respondió a ninguna llamada más.
Cuatro años después de la primera advertencia, tras haber recibido la visita en su local de delincuentes, cuatro asaltos y amenazas de muertes, decidió cerrar la tienda que estableció su abuelo en 1936, que heredó su padre y luego él de su padre.
Para comerciantes del Centro Histórico el cobro de piso es un problema con el que conviven en silencio, por miedo, y con una sensación de desamparo por parte de las autoridades. Unos negocios terminan asumiéndolo como parte de sus gastos, otros quedan abocados al cierre.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estima que la extorsión causó pérdidas en 2023 por 25 mil 964 millones de pesos. Víctor Hugo Noriega, propietario de un quiosco de botanas y gaseosas, admitió que la extorsión es un rumor a voces que impera en los alrededores del Zócalo, a unos pasos del Palacio Nacional de Claudia Sheinbaum, a pesar de la presencia de policías y de cámaras de seguridad.
Coincide con él Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México: El cobro de piso se “ha venido afianzado” en los últimos años en el país y, en particular, en la CDMX.
Ciudad de México ocupó en mayo el tercer lugar por casos de extorsión entre los 32 estados, superada solo por Estado de México y Guanajuato.
Cuando denunciar no sirve de mucho: ‘Víctimas claudican ante el delito’
Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los primeros cinco meses de este año se abrieron 498 investigaciones por extorsión en CDMX, lo que representó casi el doble de igual período de 2024 (249 casos) y el mayor registro en los últimos seis años.
En ese periodo se abrieron a nivel nacional 4 mil 588 investigaciones. Los de Ciudad de México representan casi 11 por ciento del total.
La extorsión es, junto con las lesiones por arma de fuego y violaciones, uno de los delitos de alto impacto al alza en los últimos cuatro años, de 2021 a 2024. A nivel nacional, el repunte es de 6 por ciento con corte a mayo.
Para empeorar las cosas, se calcula que 9 de cada 10 casos de extorsión no se denuncian, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, lo admite: “No podemos resolver algo que no estamos ni siquiera viendo o que no se está formalizando”.
Las víctimas no se atreven a denunciar por miedo a represalias, pero también porque claudican ante un delito con alta impunidad. Eso es lo que le pasó al dueño de la tienda de ropa para hombres.
‘No hay mucho que hacer, pagar cuando hay que pagar’
Las amenazas de 2019 se interrumpieron durante los ocho meses que dejó de responder el teléfono. Pero una mañana de febrero de 2020, dos hombres se presentaron en la tienda y exigieron el pago a uno de los empleados. El propietario, que estaba en el local, se escabulló por la puerta principal haciéndose pasar por un cliente.
Los temores del comerciante se reavivaron nuevamente en 2021 con más llamadas semanales exigiendo sumas de dinero a cambio de “seguridad”.
Por recomendación de sus abogados, el comerciante decidió dejar de ir a la tienda y manejarla remotamente desde otra oficina. Las amenazas coincidieron con al menos cuatro asaltos. En uno de ellos, sus empleados fueron sometidos a punta de pistola, maniatados y encerrados en el baño, mientras los maleantes se llevaron el poco efectivo que había en la caja registradora.
Harto de la intimidación y los asaltos, finalmente decidió acudir al Ministerio Público para denunciar las extorsiones, pero la investigación no prosperó. Los fiscales le exigieron pruebas que no pudo presentar debido a que las amenazas siempre fueron verbales.
“No hay mucho que hacer. Pagar cuando hay que pagar”, afirmó resignado el joven Daniel Bernardi, otro empresario, al hablar de la situación que padecen los propietarios del centro histórico, como es el caso de su familia que, por 85 años, han preservado una de las peleterías más emblemáticas en medio del complejo contexto.
Pagar o exponerse incluso a morir
El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una nueva estrategia nacional para perseguir a los extorsionadores. La presidenta propuso además una reforma constitucional para que el Congreso pueda emitir una normativa que tenga alcance en los 32 estados.
Esta semana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó el nuevo plan que contempla un número telefónico para recibir denuncias anónimas (089); la cancelación inmediata de cuentas telefónicas y celulares vinculados a llamadas de extorsión; la creación de unidades de antiextorsión locales, y la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar las cuentas de quienes se dedican a la extorsión.
La expansión de este delito ha sido asociada por especialistas de seguridad, en parte, a la rentabilidad que genera. Organizaciones como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han incluido la extorsión en “una de las divisiones de su portafolio criminal”, que usan para financiar las guerras territoriales, así como para pagar a sus colaboradores o los sobornos a autoridades locales y policías, según el analista en seguridad David Saucedo.
