El presidente López Obrador envió al congreso una iniciativa en la que se aplicará el castigo más alto si el delito lo comete un servidor público
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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa para aumentar sanciones de tres años a cuatro años y medio de prisión a quienes asistan o financien actividades racistas o participe en organizaciones y actividades de propaganda que promuevan la discriminación racial, incluso se aplicarán la pena más alta si el delito lo comete un servidor público.
Con la iniciativa, el titular del Ejecutivo busca sancionar con cárcel o pena de hasta 450 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 300 días de multa (26 mil pesos) a quienes difundan ideas basadas en la superioridad, el odio racial, incite a la discriminación racial o a realizar actos de violencia contra cualquier raza, grupo de personas de otro color u origen étnico.
En este sentido, la propuesta persigue a quienes hagan una distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico con objeto de anular los derechos humanos y la igualdad de las personas en cualquier esfera de la vida pública, ya sea en lo político, económico, social, cultural, entre otras.
La iniciativa busca modificar el artículo 149 TER del Código Penal Federal para aumentar las sanciones de dicho ordenamiento.
De esa forma, el Presidente propone que las penas máximas de prisión pasen de tres años a los cuatro años para quienes “ejecuten actos de violencia en contra de una persona o un grupo de personas con motivo de su raza, color de piel u origen étnico, asista a actividades racistas, financie estas, o participe en organizaciones o actividades de propaganda que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, u organice grupos que inciten actos de discriminación racial, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito”.
La pena pasará de tres años a cuatro años y medio cuando, además, el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes.
En la exposición para sostener su propuesta, el Presidente reconoce al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) como una de las instituciones “encargadas de la implementación de políticas inhibidoras de actos de discriminación”.
El mandatario sostiene que del desarrollo legislativo a nivel federal, se ha avanzado en la elaboración de leyes locales contra la discriminación en la mayoría de las 32 entidades, mismas que reconocen este derecho en sus respectivas constituciones, en leyes específicas contra la discriminación o en la tipificación del delito de discriminación en sus códigos penales.
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