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Ciudad de México. La aplicación de la Ley de Seguridad Interior implica la suspensión de factode derechos constitucionales, ya que el Ejército podrá instalar retenes en vías públicas, revisar automóviles y otras propiedades, así como requerir, sin mandato judicial, todo tipo de información sobre particulares a los órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Todo ello vulnera diversos artículos de la Carta Magna, en la cual se consagra el respeto a los derechos humanos, entre ellos los apartados 11, 14, 16 y 29, referidos a la libertad de tránsito, a no ser molestados en su persona o propiedades y en la protección de datos personales, se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado.
