La orden del Tribunal de Justicia Administrativa al Congreso de Jalisco para iniciar un proceso de suspensión contra Luis Munguía se trata de un procedimiento común relacionado con laudos laborales, sin implicar, hasta el momento, su separación del cargo.
El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, no sería suspendido de su cargo pese a la orden emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para que el Congreso local inicie un proceso de suspensión sin goce de sueldo.
De acuerdo con fuentes legislativas, este tipo de resoluciones son trámites comunes derivados de laudos laborales que los municipios mantienen pendientes de pago. No se trata de un hecho exclusivo de Puerto Vallarta, pues situaciones similares se han presentado en distintos ayuntamientos del estado donde los ex empleados demandan liquidaciones tras concluir su periodo de confianza.
Generalmente, la comisión de responsabilidades o de gobernación del Congreso no aprueba la suspensión de los alcaldes, ya que los municipios llegan a acuerdos de pago con los ex trabajadores para resolver los adeudos. Casos similares se han registrado en anteriores administraciones municipales de Puerto Vallarta con Arturo Dávalos, Luis Michel y Ramón Guerrero “Mochilas”, quienes tampoco fueron separados de su cargo.
El problema de fondo radica en el marco legal que permite a funcionarios de confianza demandar liquidaciones al concluir una administración, a pesar de que dichos puestos están sujetos a un periodo de tres años. Especialistas en derecho laboral han señalado la necesidad de reformas que eviten abusos y que obliguen a las administraciones salientes a contemplar los pagos correspondientes en sus presupuestos, evitando que los costos recaigan en gobiernos entrantes y en la ciudadanía.
La situación en Puerto Vallarta refuerza el debate sobre la urgencia de modificar las reglas en torno a los laudos laborales municipales, que se han convertido en una carga financiera recurrente para los ayuntamientos de Jalisco.
