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CAMPECHE, Camp. (apro).- Casi dos décadas después que se dio por concluida la historia del refugio guatemalteco en México, el pasado fin de semana comenzó un nuevo éxodo de chapines hacia territorio mexicano.
En un comunicado fechado en el vecino país, organizaciones civiles de ambos países informaron que el pasado 2 de junio, unas 700 personas de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad en Petén, Guatemala, fueron desplazadas de sus tierras tras el anuncio de que más de un millar de efectivos de la Policía Nacional Civil y del ejército guatemalteco avanzaban a la zona para desalojarla masivamente.
“Las personas no tienen otro camino posible que caminar hacia la frontera con México a la altura del municipio de Candelaria, Campeche, a donde llegaron hacia la tarde de ese día, a 7 kilómetros del ejido El Desengaño”, señalaron.
Destacaron que entre esas 700 personas predominan niños, niñas, mujeres y adultos mayores, “quienes se encuentran en una situación de emergencia humanitaria tras haber recorrido en plena época de lluvias varios kilómetros de selva para llegar al poblado más próximo ubicado ya en lado mexicano.
“Se reporta una situación de crisis médico-humanitaria, con niños y niñas que presentan enfermedades gastrointestinales y cutáneas, alojados en 35 carpas en mal estado y sin suficientes alimentos y medicinas”, señalaron.
Denunciaron que no obstante sus circunstancias, “las autoridades federales presentes impiden a las personas acudir al poblado más próximo bajo amenaza de deportarles”.
Dijeron que entre los chapines desplazados hay un menor con fractura de brazo que no puede ser atendido “por el temor provocado por las mismas autoridades en la zona”.
Añadieron que en una primera visita de organizaciones locales al ejido El Desengaño, a donde se encuentran varadas hasta ahora en la línea fronteriza, representantes de la comunidad desplazada señalan que fueron recibidos por una comitiva del gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), quienes ya sabían que llegarían a ese lugar.
“Sin embargo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les han intimidado y amenazado durante este fin de semana que si continúan su camino en México serán detenidos y deportados inmediatamente a Guatemala”, reiteraron.
Y acusaron que el comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, cuando se le solicitó la debida atención a la situación, “señaló que ‘el gobierno mexicano no comprará problemas de extranjeros’, en lo que suponemos una referencia a que la postura del gobierno federal será negar la condición de refugiadas a estas personas.
“Como organizaciones de la sociedad civil que acompañamos en esta situación nos preocupa una respuesta igualmente de violación a los derechos humanos para las personas desplazadas, siendo que vienen huyendo para salvar su vida e integridad desde Guatemala, violación al derecho de asilo y principio de no devolución, compromisos que ambos gobiernos están obligados a cumplir por ser mandatos de Naciones Unidas”, dijeron.
El desalojo
Expusieron que de parte del gobierno de Guatemala, “de acuerdo a un artículo de Prensa Libre, el desalojo se fundamenta en una orden de desalojo emitida por un juzgado de Petén, (donde) el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP argumenta como pretexto la conservación de la biosfera, pero se niega y entorpece cualquier proceso o alternativa que resuelva el reconocimiento de la población que habita dentro de la Laguna Larga, la Sierra Lacandona y la Laguna del Tigre”.
Por lo anterior, lanzaron un llamado a la sociedad en general, organizaciones civiles, colectivos y medios de comunicación para que difundan esta situación a efecto de recabar víveres y artículos de primera necesidad que puedan ser trasladados al Albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, desde donde serán trasladados al terreno donde se encuentran en campamento las familias desplazadas.
Finalmente, instaron y exigieron a los gobiernos de México y Guatemala, que se reúnen hoy y mañana en ciudad Guatemala, “que coloquen esta emergencia como punto fundamental de su agenda, y garanticen plenamente los derechos humanos de la población desplazada de sus tierras en Laguna Larga, Peten, Guatemala y refugiada en Campeche, territorio mexicano, cumpliendo con sus obligaciones en materia de asilo, refugio y protección internacional de acuerdo a los tratados y leyes en la materia”.
Pidieron también se respeten los compromisos asumidos ante Naciones Unidas en relación con los Desplazamientos Forzosos, “donde claramente se mandata que los desplazamientos no deben generar personas sin hogar o vulnerables a la violación de otros derechos”.
Y al gobierno de Guatemala exigieron “que respete y resuelva en base a las diligencias judiciales que se han interpuesto; entable cuanto antes un diálogo abierto y honesto con la población desplazada y sus representantes, que sean respetados sus derechos humanos y se les permita la inmediata recuperación de sus tierras y de su único patrimonio, la tierra donde cultivan sus alimentos y resuelven sus necesidades básicas, derechos constitucionales que el estado de Guatemala ha incumplido”.
Firman el documento Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Genero (Guatemala-México); Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TdTT); Misión internacional de Observación de Derechos Humanos frontera Guatemala-México.
Movimiento de Resistencia Civil de Candelaria, Campeche; Equipo Indignación AC; La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes AC; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC; Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios Para la Salud –ACCSS-Federación de Escuelas Radiofónicas de Guatemala –FGER-.
Asociación Pop Noj de Guatemala; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial – ECAP; American Friends Service Committee, Oficina Regional para Latinoamérica y El Caribe.
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