La aprehensión de Fausto «N» por falsedad de declaraciones y encubrimiento reactiva las investigaciones de la FGR, dejando al descubierto la red de complicidades e inconsistencias oficiales en Sinaloa.
La detención de Fausto «N», hombre de confianza y chofer del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, representó el primer avance sustancial de la Fiscalía General de la República (FGR) en el expediente que involucra el homicidio del político y el secuestro del capo Ismael «El Mayo» Zambada, acontecimientos registrados el 25 de julio de 2024.
El imputado fue capturado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México bajo los cargos de encubrimiento y falsedad de declaraciones. En sus testimonios iniciales ante las autoridades locales, Fausto «N» sostuvo que Cuén Ojeda fue víctima de un intento de robo en una gasolinera de Culiacán. Sin embargo, los peritajes federales determinaron que dicha versión fue un montaje, al contrastar las lesiones del cuerpo con los registros de video y corroborar el hallazgo de rastros hemáticos de la víctima en el inmueble conocido como Rancho Huertos del Pedregal, sitio donde Zambada afirmó haber sido emboscado.
El avance ministerial ha puesto bajo los reflectores a tres figuras clave que formaron parte del entorno institucional y de seguridad durante los hechos. La primera es la exfiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien avaló la hipótesis inicial del intento de asalto y dimitió del cargo público días después de que la FGR exhibió las irregularidades de la carpeta local, las cuales incluyeron el manejo indebido del vehículo y la incineración del cuerpo sin los protocolos periciales correspondientes.
Un segundo elemento prioritario en las indagatorias es la desaparición de José Rosario Heras López, alias «El Comandante Chayo», elemento activo con más de dos décadas en la Policía Judicial de Sinaloa. De acuerdo con la carta pública atribuida a Ismael Zambada, el mando policial se desempeñaba simultáneamente como su escolta personal al momento de ingresar al predio donde se ejecutó la privación de la libertad. Su paradero se mantiene desconocido desde el reporte de desaparición presentado por sus familiares.
Finalmente, las investigaciones apuntan hacia Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal general y exencargado de despacho de la institución procuradora de justicia local. Castro Zaavedra abandonó el servicio público tras ser señalado en expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta protección institucional a facciones del Cártel de Sinaloa a cambio de pagos mensuales, situación que mantiene abiertos diversos frentes de investigación tanto en tribunales mexicanos como internacionales.
Fuente: FGR / Expediente Judicial Federal / Departamento de Justicia de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV
