La defensa jurídica de la gobernadora de Chihuahua, encabezada por Roberto Gil Zuarth, confirmó que la mandataria acudirá al requerimiento en Ciudad Juárez, pero procederá penalmente contra la fiscalía al acusar una violación al fuero constitucional.
La disputa legal e institucional entre las estructuras del Ejecutivo de Chihuahua y la federación sumó una nueva vertiente en los tribunales penales. El asesor jurídico y representante legal de la gobernadora María Eugenia «Maru» Campos Galván, Roberto Gil Zuarth, anunció que interpondrán una denuncia penal en contra de los agentes del Ministerio Público Federal que ordenaron la comparecencia de la mandataria chihuahuense, argumentando transgresiones graves a los protocolos que protegen la inmunidad procesal de los gobernantes en funciones.
El litigante detalló en declaraciones radiofónicas que la jefa del Ejecutivo estatal se presentará de forma presunta a la cita de control programada para este miércoles 27 de mayo en las oficinas federales de Ciudad Juárez. No obstante, la defensa técnica advirtió que el documento emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) presenta inconsistencias de fondo, debido a que formalmente se le convoca bajo la figura de testigo, pero se invocan ordenamientos y disposiciones jurídicas aplicables de manera exclusiva a personas en calidad de inculpadas.
Gil Zuarth aseveró que las acciones ministeriales constituyen una violación al fuero constitucional que ampara a los gobernadores, ya que las normativas vigentes impiden iniciar cadenas de custodia o requerimientos de carácter penal sin que previamente la Cámara de Diputados federal y el Congreso del Estado desahoguen un juicio de procedencia o desafuero. El abogado precisó que la denuncia penal de la defensa se sustentará en el articulado del Código Penal Federal que sanciona los abusos de autoridad y los desvíos de procedimiento judicial.
La representación legal de los intereses de Chihuahua calificó el requerimiento de la FGR como un esquema de vulneración jurídica procesal, sugiriendo que la fiscalía busca modificar la situación legal de la funcionaria una vez que se encuentre al interior de las sedes ministeriales. Ante este escenario, el equipo de litigantes puntualizó que cumplirán con las formalidades del llamado oficial este 27 de mayo, pero exigirán las sanciones correspondientes para las autoridades que dieron curso al procedimiento fuera de los márgenes constitucionales.
Fuente: Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora de Chihuahua | © NoticiasPV
