La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal enviará una iniciativa al Congreso para crear un órgano independiente que revise antecedentes de aspirantes rumbo a los comicios de 2027, utilizando bases de datos de inteligencia civil y financiera.
El Gobierno Federal estructuró una estrategia legislativa orientada a impedir que el crimen organizado interfiera en el relevo de los cargos públicos de elección popular. Durante la conferencia matutina de este jueves, la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó sobre el próximo envío de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diseñada para fiscalizar los perfiles de los contendientes políticos antes de los comicios de 2027.
La columna vertebral del proyecto consiste en la instauración de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este nuevo organismo de carácter autónomo operará desvinculado de la estructura central del Instituto Nacional Electoral (INE) y se conformará por cinco consejeros técnicos designados para un periodo de tres años; su función primordial consistirá en servir como puente institucional de consulta entre las dirigencias partidistas y las agencias de seguridad nacional del Estado mexicano.
Bajo este esquema de prevención, los partidos políticos que opten por participar en el programa de manera voluntaria podrán remitir los listados de sus aspirantes a puestos federales y locales. Posteriormente, dependencias de alta especialización como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizarán un cruce de datos para evaluar si los nombres propuestos representan un “riesgo razonable” de complicidad con cárteles o lavado de dinero.
La propuesta legal estipula que los órganos de inteligencia no harán públicos ni transferirán expedientes penales específicos ni detalles confidenciales de las carpetas de investigación vigentes para no vulnerar el debido proceso. En su lugar, emitirán alertas técnicas parametrizadas para que las fuerzas políticas cuenten con bases sólidas al momento de decidir si mantienen o anulan las postulaciones, imponiendo además la obligatoriedad de que todo ciudadano que busque competir en las urnas consienta de forma irrestricta ser sometido a estas valoraciones de confiabilidad.
Fuente: Consejería Jurídica de la Presidencia | © Redacción NoticiasPV
