Agustín «N» fue aprehendido por fuerzas federales bajo cargos de extorsión agravada dentro del Operativo Enjambre; investigaciones lo asocian con reuniones delictivas sostenidas con el jefe de plaza regional, alias El Barbas.
Las estructuras gubernamentales del estado de Morelos sufrieron una severa intervención judicial por parte de corporaciones federales contra la infiltración delictiva. El presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín «N», fue detenido formalmente por elementos de seguridad bajo la acusación de extorsión, una captura efectuada en el marco del despliegue táctico denominado Operativo Enjambre, coordinado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
Los expedientes de inteligencia penal refieren que el munícipe, quien accedió al cargo abanderado por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, mantenía investigaciones abiertas tras la filtración de un material videográfico en febrero de 2025. En dichas imágenes se constató su participación en una mesa de diálogo con Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, catalogado por las agencias del Estado como el líder operativo del Cártel de Sinaloa en territorio morelense, evento donde también concurrieron altos funcionarios del ayuntamiento colindante de Cuautla.
Ante la inminencia de las acciones de captura en su contra, Agustín «N» intentó promover recursos de amparo ante los juzgados del Poder Judicial de la Federación con el fin de congelar los mandatos judiciales de aprehensión. Sin embargo, las autoridades federales desecharon parcialmente los recursos de protección legal presentados por la defensa del edil al argumentar inconsistencias técnicas procesales, lo que despejó la ruta para su arresto definitivo y correspondiente puesta a disposición ministerial.
Por su parte, la síndica municipal de Atlatlahucan, Elvia Ovando, emitió un posicionamiento institucional donde garantizó la gobernabilidad y continuidad administrativa de la comuna para disipar rumores de parálisis de los servicios públicos locales. De conformidad con los lineamientos vigentes en la Ley Orgánica Municipal, la funcionaria asumirá la titularidad del Ejecutivo local de manera interina, mientras los legisladores del Congreso del Estado analizan los expedientes y dictaminan el desafuero y sustitución permanente del procesado.
Fuente: Agencia Quadratín | © Redacción NoticiasPV
