Elementos de la Fiscalía estatal ignoraron la protección legal del activista de la Fundación Yansa; más de diez organizaciones exigen su libertad inmediata ante lo que llaman una «detención arbitraria».
En un acto que ha sido calificado por organismos civiles como un grave atropello al estado de derecho, elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco detuvieron este 6 de abril en Tonalá al defensor de derechos humanos y del territorio, Sergio Daniel Oceransky Losana. El arresto se ejecutó a pesar de que el activista contaba con el amparo No. 566/2026 y una suspensión vigente emitida por un juez federal que prohibía expresamente su captura.
Criminalización y hostigamiento
Oceransky, integrante de la Fundación Yansa, es reconocido por su labor en la defensa de bosques y derechos indígenas en Yucatán. Organizaciones como la Red TDT y el CEPAD AC denunciaron que esta detención no es un hecho aislado, sino la culminación de una campaña de hostigamiento que incluyó desprestigio público y amenazas de muerte. Señalan que el uso del sistema penal para perseguir a activistas ambientales es una estrategia recurrente para frenar la defensa de los recursos naturales.
Exigencia de libertad inmediata
El Juzgado Décimo Primero en Materia Penal con sede en Puente Grande es señalado directamente por las organizaciones firmantes de actuar en contravención de resoluciones federales. A través de un comunicado conjunto, exigieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) su intervención urgente para verificar la integridad física y emocional de Sergio, así como su liberación inmediata al haberse violado el debido proceso.
Un riesgo estructural en México
El caso de Oceransky pone de relieve la vulnerabilidad de quienes protegen el medio ambiente en México. A pesar de contar con mecanismos legales de protección, la actuación de autoridades estatales que eluden mandatos federales evidencia el riesgo estructural que enfrentan los defensores en el país, uno de los más peligrosos de América Latina para esta labor. La consigna de la sociedad civil es contundente: proteger el medio ambiente no es un delito.
Fuente: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos | © Redacción NoticiasPV
