La exfuncionaria fue acusada de enriquecimiento ilícito cuando ocupó el cargo federal en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto
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El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que existe un elevado riesgo de fuga, por lo que la exfuncionaria debe estar en la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla.
En la audiencia no se permitió el debate entre la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el juez decidió con base en los argumentos que ya habían dado ambas partes.
Aunque el impartidor de justicia ya dio a conocer el sentido de su fallo, la audiencia continúa.
El argumento de que Robles cuenta con los medios necesarios para darse a la fuga fue presentado por la FGR desde la audiencia inicial contra la ex funcionaria en 2019.
Sus familiares, que se encuentran afuera del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, han señalado que la salud de Robles se ha deteriorado.
Mariana Moguel, hija de Robles, señaló que su madre tiene su salud deteriorada pues tiene problema de presión arterial, se desmayó y tuvo un golpe en la cabeza, además de problemas en una pierna.
Rosario Robles llegó en punto de la 17:00 hrs para su audiencia
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad llegó Rosario Robles, es secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), al Reclusorio Sur para su audiencia donde compareció ante un juez para solicitar que su proceso penal lo pueda ejecutar en su domicilio.
Cabe desatacar que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente dar cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en contra de la exfuncionaria. Sin embargo, el abogado Epigmenio Mendieta, aseguró que desconoce si hay un acuerdo con la dependencia para evitar que se le ejecute dicha orden.
“No lo sé, no estoy a cargo de ese asunto y ella lo tendrá que decidir nombrando a un abogado que se haga cargo de esa situación”, señaló al llegar al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur para la audiencia de Robles.
Robles enfrenta un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero está pendiente que la FGR dé cumplimiento a la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero que se emitió en 2020.
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