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Ciudad de México. En México, el año pasado siguieron ocurriendo diversas violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura y uso excesivo de la fuerza, la mayoría de las cuales no fueron debidamente investigadas y quedaron “en una impunidad casi absoluta”, señaló Amnistía Internacional (AI).
En su “Informe 2020/2021. La situación de los derechos humanos en el mundo” –el cual se presenta este miércoles—el organismo también destacó el nivel de violencia que existe en el país en contra de las mujeres y niñas, los migrantes, los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, así como la falta de garantías de seguridad para los trabajadores de la salud.
Por lo que se refiere al tema de las desapariciones cometidas tanto por agentes estatales como por particulares, el informe señaló que dichos abusos “seguían siendo motivo de preocupación, mientras los sospechosos de responsabilidad penal gozaban de una impunidad casi absoluta”.
Según las autoridades federales, detalló el estudio de AI, el año pasado se documentaron 6 mil 957 casos de personas desaparecidas, para un acumulado histórico de 82 mil 647 desde 1964, de las cuales casi 64 mil ocurrieron en la última década.
Con respecto a la situación de la tortura y otros malos tratos, la organización indicó que éstos “seguían siendo motivo de honda preocupación”, pues las investigaciones sobre estos casos “eran generalmente defectuosas y los sospechosos de responsabilidad penal rara vez comparecían ante la justicia”.
En este rubro, destacó que el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura aún no se ha hecho público, a pesar de que se elaboró en 2019.
Sobre los ejes temáticos de “homicidios ilegítimos” y detención arbitraria, Amnistía Internacional destacó el caso de la muerte de Giovanni López Ramírez, ocurrida a manos de un cuerpo de policía municipal de Jalisco, así como los actos de intimidación que sufrieron las personas que participaron en marchas para protestar por dicho episodio.
A propósito de la violencia de género, el informe detalló que en 2020 se denunciaron 3 mil 752 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 969 fueron investigados (25 por ciento) fueron investigados como feminicidios.
Asimismo, recalcó que de en total de 21 “alertas de violencia de género contra las mujeres”, seguían vigentes en 18 entidades federativas. Sin embargo, al terminar el año, “no había ninguna señal de que estos mecanismos hubieran reducido la violencia de género”.
Por otra parte, el estudio indicó que en México “continuaron las amenazas y el hostigamiento” contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo demuestra el hecho de que en 2020 fueron asesinados 24 activistas civiles y al menos 19 comunicadores.
En este terreno, se destacó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantuvo medidas de resguardo para mil 313 personas (887 defensores y 426 periodistas), pero el fideicomiso que lo sustentaba se extinguió y sus fondos pasaron al presupuesto público general.
A propósito de la libertad de reunión, el informe recordó que el año pasado “las mujeres llevaron a cabo en varias ciudades manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio y otras formas de violencia de género. En varios casos, la policía respondió empleando fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos”.
Sobre temas migratorios, el estudio de AI puntualizó que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo “continuaban enfrentándose al uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria por parte de las autoridades, así como a secuestros, agresiones y homicidios a manos de actores no estatales”.
Algunos ejemplos de ello son que, en enero de 2020, los agentes de la Guardia Nacional “utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México. Asimismo, en marzo, arrastraron y golpearon a migrantes que participaban en una protesta que se celebró en un centro de detención en Tapachula”.
En lo que se refiere al manejo de la pandemia de Covid-19, AI señaló que “el personal sanitario de México manifestó su preocupación ante la falta de acceso a suficientes equipos de protección individual para trabajar de manera segura”.
El año pasado fallecieron por Covid-19 en México “al menos 2 mil 397profesionales de la salud. Varias personas trabajadoras de la saludfueron agredidas físicamente en lugares o transportes públicos.
“Varias personas trabajadoras de la salud expresaron su preocupación por las contrataciones irregulares y la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones, lo que en ocasiones les acarreó represalias”.
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