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PEN Internacional expresa su profunda preocupación por los casos de espionaje cibernético a los que se han visto sometidos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. En el reportaje publicado el 19 de junio de 2017 por el periódico The New York Times, y la investigación realizada por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto (https://r3d.mx/gobiernoespia y https://citizenlab.org/2017/06/reckless-exploit-mexico-nso/ , publicado en junio de 2017) y apoyada por Artículo 19, R3D y Social TIC, y otras organizaciones no gubernamentales, se demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos y registrar información personal y de trabajo: “Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas”, se anota en el periódico estadounidense.
Entre los casos identificados en dicha investigación, se encuentran los de los comunicadores Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y su hijo, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena; así como a los defensores Mario Patrón, Stephanie Brewer, Santiago Aguirre, directivos del Centro Prodh; y Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad. La evidencia, recopilada por Citizen Lab desde enero 2015 a octubre 2016, sugiere una correlación entre su trabajo periodístico y los intentos de infección con el malware; durante coyunturas críticas de trabajo de los objetivos, existe un aumento en el número de intentos de infección.
Carmen Aristegui, en conferencia de prensa, comentó: “¿Qué pensaba hacer el presidente de la República con estos temas? […], ¿dónde está esa información?, ¿qué hicieron con ella?”. Carlos Loret de Mola, en su columna en el periódico El Universal, comenta: “…por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura…”.
Aunque no es posible confirmar con certeza quiénes utilizaron este software malicioso, porque el software no deja huellas de su origen, parece probable que fuera utilizado por el gobierno de México, puesto que sólo se comercializa el malware a gobiernos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 16, defiende la privacidad y la protección de datos. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México es Estado Parte, en su Artículo 17, define que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
PEN Internacional condena que la tecnología sea usada por los gobiernos con fines de intimidación y, por ende, de censura. PEN Internacional valora positivamente la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de abrir una investigación por delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos. PEN insta a las autoridades federales, a través de la PGR, para que lleve a cabo este proceso a fondo y de manera pronta y expedita, e identifique y enjuicie a los responsables de la vigilancia que vulnera la actividad de los periodistas y defensores de derechos humanos, y que asegure la libertad de expresión en México.
PEN insta a las autoridades mexicanas a proteger a los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas como parte de los derechos que se ejercen en una democracia, y exhorta a sus funcionarios a no vulnerar el derecho a la libertad de expresión y de información.
En la Declaración sobre Libertad de Expresión en Medios Digitales, PEN reconoce la importancia de los medios digitales como instrumento para cumplir el derecho fundamental a la libre expresión. Ciudadanos de muchos países se han enfrentado a graves restricciones de su acceso a los medios digitales, así como al uso de los mismos, mientras que los gobiernos han aprovechado las tecnologías digitales para suprimir la libertad de expresión y vigilar a las personas. El sector privado y sobre todo las empresas tecnológicas en ocasiones han facilitado la censura y la vigilancia al gobierno. Por tanto, PEN afirma que:
Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente a través de los medios digitales sin temor a sufrir represalias o ser perseguidos.
Todas las personas tienen derecho a buscar y recibir información a través de los medios digitales.
Todas las personas tienen derecho a que los medios digitales estén libres de vigilancia por parte del gobierno.
El sector privado y sobre todo las empresas tecnológicas están obligados por el derecho a la libertad de expresión y los derechos humanos.
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