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CIUDAD DE MÉXICO.
La omisión de los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio generó que las víctimas, que en 2015 fueron 23.3 millones y representan 20% de la población del país, se convirtieran en la parte más vulnerable, porque carecen de representación legal, al grado que de los cuatro mil 13 asesores legales que deben existir, sólo hay 680; es decir, faltan tres mil 333.
Durante el segundo día del foro en torno al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, organizado por el Senado, Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Pablo Navarrete, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la señora Isabel Miranda de Wallace, expusieron a los senadores las deficiencias detectadas en el sistema para lograr justicia para las víctimas.
Pablo Navarrete, del Inmujeres, recordó que “a pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado en el terreno normativo a nivel constitucional y leyes secundarias, no hemos podido pasar a la consagración a la plena implementación de los derechos humanos y proteger y garantizar los derechos de las víctimas sigue siendo hoy el gran desafío.
“Y sigue siendo el gran desafío, porque tan sólo en 2015 tuvimos 23.3 millones de víctimas en el país y éstas, las víctimas siguen siendo las más vulnerables frente al Sistema Penal; siguen enfrentando enormes dificultades y obstáculos, algunos de carácter estructural y es importante atender y superar para lograr el acceso pleno a la justicia en condiciones de igualdad”, recordó.
Datos duros
En efecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2016, realizada por el Inegi, que contiene cifras de 2015, dice que se estima que 23.3 millones de víctimas de 18 años y más lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28 mil 202 víctimas por cada cien mil habitantes durante ese año.
La encuesta detalla que en ese año se registraron 29 millones de delitos, lo que implica que se suscitaron 1.3 delitos por víctima.
El 28.2% de las víctimas, que implican seis millones 570 mil 600 personas, sufrió robo o asalto en calle o transporte público; 24.2% extorsión, que representan cinco millones 638 mil 600 ciudadanos; 11.3% sufrió robo total o parcial de vehículo; 11% fraude; 8% amenazas verbales; 7% robo en casa habitación; 3.7% robo en forma distinta; 3.7% lesiones y 2.9% otros delitos.
Ayer, durante el foro organizado por el Senado, Jaime Rochín, de la CEAV, precisó que “actualmente el número de asesores legales es absolutamente deficitario para garantizar el derecho a la asesoría jurídica de las víctimas, que marcan tanto la Constitución, como la Ley General de Víctimas y el Código Penal de Procedimientos Penales”.
Precisó que sólo 13 entidades cuentan con unidades de asesoría jurídica y representación legal a las víctimas, inscritas a procuradurías o fiscalías; 16 han instalado una comisión local de víctimas y brindan el servicio de asesoría legal a través del asesor jurídico; tres entidades señalaron que cuentan con dependencias que atienden a personas que son víctimas.
Dijo que la CEAV tiene 70 asesores jurídicos, para atender a todas las víctimas de todos los delitos federales; “llevamos 667 casos respecto del sistema acusatorio tan sólo en oficinas centrales”.
Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, desglosó los efectos negativos de que las víctimas carezcan del asesoramiento legal al que tienen derecho y conminó al Senado a que en su valoración para ajustar el nuevo sistema valoren la necesidad de conectar las normas de ley con la realidad y no dejar de lado los derechos de las víctimas.
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