CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El hundimiento de una sección en el Paso Exprés Cuernavaca ocurrido el pasado 12 de julio, con saldo de dos personas muertas, puso al descubierto, una vez más, el tinglado de relaciones entre la clase política y el reducido grupo de poderosos contratistas gubernamentales con beneficios transexenales.
Favoritismo en contratos de obra y otras prebendas de larga data, observaciones por corrupción que, cuando han llegado a documentarse por instancias oficiales logran evadirse, son características de Epccor S.A. de C.V., la versión más reciente del conglomerado de la familia Gutiérrez Cortina, cuyo empoderamiento e impunidad se remonta al salinismo.
Dicha empresa, asociada con Aldesa –trasnacional de capital español que en años recientes se ha visto implicada en el escándalo de donativos ilegales al Partido Popular en su país de origen–, fueron las beneficiarias del contrato para construir el Paso Exprés que, como la mayoría de las obras inauguradas por Peña Nieto en lo que va de 2017, registró severas observaciones por corrupción.
En su edición 2112, correspondiente al pasado 22 de abril, Proceso documentó que, de las obras inauguradas por Peña Nieto en el primer trimestre del año, sólo escaparon a las observaciones que no revisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El reportaje destacaba el Paso Exprés, inaugurado por Peña Nieto el 5 de abril, como uno de los más escandalosos, por el cúmulo de irregularidades.
Y es que, entre la adjudicación del contrato en noviembre de 2014 y la entrega de la autopista en abril pasado, ocurrieron numerosas irregularidades en la obra, las cuales causaron alrededor de 250 accidentes, provocaron la muerte de al menos 21 personas y dispararon el costo del proyecto: de mil 45 millones de pesos acordados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) terminó pagando 2 mil 213 millones de pesos (mdp).
Además, en la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF detectó que la SCT autorizó pagos por 441 mdp, respecto a los cuales detectó 270.5 mdp que debían recuperarse y 31.8 mdp erogados sin la comprobación correspondiente. En total: 302.3 mdp, equivalentes a casi la cuarta parte de los recursos asignados al Paso Exprés en 2015.
El monto de 270.5 mdp irregular reflejó, según la ASF, sobrepagos a Aldesa y Epccor, modificaciones irregulares de precios, así como pago de mano de obra, materiales y equipos injustificados.
No fue todo. De acuerdo a testimonios recogidos en la zona aledaña al hundimiento, desde hacía semanas se había puesto en alerta a la delegación estatal de la SCT y a otras instancias gubernamentales de desperfectos por los que temían un derrumbe. Fueron desoídos y, el jueves 13, al plantearle a Peña Nieto lo anterior, sólo dijo que no adelantaría juicios y suspendería a los responsables de supervisar e inspeccionar el desarrollo de la obra en lo que transcurrían las investigaciones.
Para entonces, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza y los contratistas ya habían ofrecido su propio juicio, su “verdad histórica”.
Aldesa y Epccor se deslindaron del mortal socavón. En un comunicado, el consorcio aseveró que el incidente fue producto de las “intensas lluvias” que acumularon basura y agua en una alcantarilla, lo que colapsó el sistema de drenaje y provocó la grieta. Insistió en que no fueron responsables del incidente, pues tanto la alcantarilla como el drenaje se encuentran “a más de 15 metros por debajo de la autopista”. Exactamente la misma posición externada por Ruiz Esparza en el lugar de los hechos y aun antes de que se consiguiera el rescate de los dos cuerpos.
Cargando ...
