La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco logró la vinculación a proceso de los oficiales Roberto “N” y Luis “N”, plenamente señalados por abuso de autoridad tras detener a dos ciudadanos sin motivos legales.
Las investigaciones enfocadas en limpiar las corporaciones de seguridad pública de conductas ilícitas arrojaron resultados en el principal destino turístico del estado. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de dos elementos en activo de la policía vial municipal de Puerto Vallarta, identificados como Roberto “N” y Luis “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad.
El dictamen penal fue formalizado por un Juez de Control y Oralidad durante el desahogo de una audiencia efectuada el pasado lunes 25 de mayo de 2026. Los expedientes de la indagatoria señalan que los hechos ocurrieron en el mes de julio de 2024, cuando los servidores públicos municipales interceptaron y detuvieron de manera ilegal a dos civiles, careciendo de mandamientos judiciales, flagrancia o causales administrativas reales que validaran el arresto.
Al analizar las pruebas aportadas por los ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción, la autoridad judicial determinó que el desempeño de los agentes viales transgredió garantías individuales severas, tales como el derecho a la libertad personal, la seguridad jurídica y el principio de legalidad obligatoria. Ante estos indicios probatorios, se abrió formalmente la causa penal en contra de los dos oficiales involucrados.
Con el fin de salvaguardar la integridad de los denunciantes, el juzgador impuso una serie de medidas cautelares que tendrán una vigencia inicial de seis meses. Entre las restricciones impuestas a Roberto “N” y Luis “N” se encuentra la firma periódica ante los juzgados, el sometimiento a supervisión cautelar, la prohibición estricta de acercarse a los domicilios o lugares frecuentados por las víctimas, así como el veto total a cualquier acto de comunicación o intimidación hacia los afectados. Asimismo, se fijó un lapso de cuatro meses para el desahogo de la investigación complementaria.
Fuente: Agencia Jafríco | © Redacción NoticiasPV