Tras la impugnación de la Fiscalía y una resolución en cumplimiento de amparo, Juan Manuel ‘’N’’ exdirector de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta fue vinculado a proceso en segunda instancia.
El Ministerio Público obtuvo medidas que le impiden salir del país y desempeñar cargos en el servicio público durante 6 meses.
Como resultado del trabajo de investigación y del seguimiento jurídico de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, Juan Manuel “N”, exdirector de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, fue vinculado a proceso en segunda instancia y este 09 de noviembre le fueron impuestas las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
El proceso se sigue por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y desvío y aprovechamiento de facultades, relacionados con la presunta autorización ilícita de una licencia de construcción para un condominio de 46 departamentos —perteneciente al desarrollo inmobiliario Isla 115—, sin que se cumplieran los requisitos legales para su expedición.
El inmueble señalado, complejo de condominios ubicado en la calle Mike Lemus #115, en la Zona Hotelera Norte de Puerto Vallarta, enfrenta diversos procesos legales, clausuras por parte de la Profepa y órdenes judiciales sobre sus niveles de construcción. Como exdirector de Planeación Urbana y Ecología, el exfuncionario es señalado directamente por el otorgamiento irregular de los permisos de esta obra.
La Fiscalía Anticorrupción impugnó la resolución inicial que impedía continuar el proceso contra el exservidor público. Posteriormente, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco determinó su vinculación a proceso y ordenó continuar con las etapas subsecuentes del procedimiento.
Durante la audiencia celebrada, el órgano jurisdiccional concedió las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Por ello, Juan Manuel “N” deberá presentarse a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares, no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte en un plazo de 3 días.
Asimismo, tendrá prohibido acercarse a las víctimas y testigos, salvo por conducto de sus defensores. En caso de coincidir con ellos en algún lugar, deberá retirarse de inmediato. Tampoco podrá desempeñar cargos en el servicio público.
Las medidas tendrán una vigencia de 6 meses y se estableció un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco continuará con la investigación y el seguimiento del proceso para que el ejercicio indebido del servicio público sea investigado y sancionado conforme a la ley. Además, invita a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción cometidos por personas servidoras públicas, a fin de contribuir a su investigación y al combate a la impunidad.
Fuente: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco | © Redacción NoticiasPV.
