Registros del portal Compranet exponen que la Oficialía Mayor del estado otorgó seis contratos directos en 2024 a la firma Inteliproof Efficient, cuyo socio fue incluido por la OFAC en la lista de operadores financieros del Cártel de Sinaloa.
El Gobierno del Estado de Baja California, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, entregó en 2024 contratos públicos por un monto superior a los 6 millones de pesos a una empresa vinculada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con esquemas de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con registros oficiales alojados en la plataforma Compranet, la Oficialía Mayor de la entidad adjudicó de forma directa seis contratos por un total de 6 millones 080 mil 938 pesos (sin impuestos) a la razón social Inteliproof Efficient S. de R.L. de C.V. Dichas adquisiciones abarcaron equipo de cómputo y almacenamiento digital, prendas de protección para la Comisión Local de Búsqueda y refacciones para equipo de transporte.
Estructura societaria, sanciones de la OFAC y señalamientos de narcocorrupción:
– Socios y designación del Tesoro estadounidense: La firma Inteliproof tiene como socios a Jorge Enrique Figueroa Barrozo (designado en noviembre de 2024 por la Secretaría de Economía como coordinador del Corredor de Bienestar Económico en la entidad y expresidente de Canacintra Tijuana) y a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Este último fue sancionado formalmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por brindar apoyo financiero y tecnológico a la facción de «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa y al operador René Arzate García, alias «La Rana».
– Red empresarial bajo investigación: El Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra a 21 personas y 25 entidades corporativas en la frontera de Baja California. Entre las diez empresas atribuidas a Moreno Gómez Santelices figuran Inteliproof Efficient, Holistic Wellwaves, Baja Fixer Group y Videovigilancia Colaborativa, así como nexos con los hermanos Jerónimo Javier y Jorge Mario Vera Ayala.
– Implicaciones políticas y postura del Gobierno Estatal: Las sanciones del Gobierno estadounidense también señalaron a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora, y a su hermano Luis Alfonso, por presuntamente encabezar una red de protección e intercambio de sobornos con grupos delictivos en Mexicali. Asimismo, se vinculó a Rafael Buenrostro Martín, exasesor legislativo.
– Respuesta del Ejecutivo estatal: Ante los señalamientos, el Gobierno de Baja California precisó que la mandataria se encuentra legalmente divorciada de Torres Torres, que no posee bienes ni cuentas fuera del país, y que ordenó a la Oficialía Mayor auditar las contrataciones vigentes con las sociedades señaladas.
Las investigaciones internacionales sobre las operaciones financieras en la zona fronteriza continúan en coordinación entre las agencias de fiscalización de ambos países.
Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) | Plataforma Compranet | Gobierno del Estado de Baja California | © Redacción NoticiasPV
