Una grabación difundida por Latinus muestra a la exfuncionaria revisando cifras y porcentajes de ganancias por la producción de credenciales electorales.
El escándalo de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) escaló este martes tras la difusión de una grabación audiovisual que documenta de manera directa a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y al contratista José Alfredo Hernández Casillas negociando la distribución de recursos millonarios. El material, fechado el 16 de febrero de este año y dado a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola a través de Latinus, revela por primera vez a la exfuncionaria involucrada en el cálculo de ganancias derivadas de la adjudicación de contratos para la fabricación de credenciales para votar y sistemas de autenticación.
De acuerdo con el video, ambos personajes revisan libreta en mano los porcentajes correspondientes a la producción física de documentos, patentes de seguridad y códigos QR operados por empresas filiales como HuBOX y Grupo Anémona. Las indagatorias periodísticas e institucionales detallan que la red de proveedores vinculada a los hermanos Hernández Casillas acumuló contratos por montos que superan los dos mil millones de pesos, situación que derivó en la dimisión de Taddei a finales de octubre y en la apertura de investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Corrupción en órganos electorales, contratos de proveeduría y las repercusiones políticas e institucionales tras la renuncia de la exmandataria:
– Prueba clave: La grabación exhibe a Guadalupe Taddei y al empresario discutiendo porcentajes de contratos millonarios adjudicados por el INE.
– Negocios plurianuales: El material detalla esquemas de autenticación y ciberseguridad que trascienden el periodo administrativo del organismo comicial.
– Onda expansiva: La divulgación del video precipitó la salida de la titular y detonó la renuncia en cascada de altos funcionarios del instituto.
– Indagatorias en curso: Instancias federales mantienen congeladas cuentas bancarias y revisan posibles delitos de lavado de dinero y conflicto de interés.
El caso mantiene bajo escrutinio la transparencia en los procesos de licitación y adquisiciones de material técnico para los procesos democráticos del país.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación / UIF | © Redacción NoticiasPV