El ex secretario de Seguridad Pública del ex presidente Felipe Calderón está procesado en Nueva York, a espera de su juicio por acusaciones que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar 39 empresas y propiedades millonarias del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico.
De acuerdo con la dependencia, este litigio estratégico fue presentado ante las cortes de Miami, Florida, debido a que en esa ciudad fueron identificados un número importante de inmuebles asociados a supuestos actos de corrupción política y lavado de dinero que integran la denuncia de carácter civil.
“Cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales”, informó la UIF en un comunicado.
Según se alega, los recursos utilizados por García Luna en sus adquisiciones derivaron de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional.
Se trata de la primera acción judicial de este tipo en coordinación con la UIF, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencias que buscan recuperar los activos y reintegrarlos a la Hacienda Pública mexicana.
La demanda está sustentada en violaciones a la Ley Rico de Florida, así como en cargos de conspiración y enriquecimiento injusto, entre otros. De acuerdo con las acusaciones, García Luna y sus presuntos cómplices formaron parte de una red de empresas creadas para esconder fondos provenientes de actos corruptos.
“El Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia financiera, reitera su compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras.
“Lo anterior remarca la posición del Estado mexicano de cero tolerancia frente a actos de corrupción”, aseveró la dependencia encabezada por Santiago Nieto Castillo.
