Retira personal del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco sellos de clausura en Centro de Verificación Responsable de Puerto Vallarta
La orden la dio la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado con base en la prestación de un servicio público en un establecimiento que cumple con la normatividad para su operación y con los objetivos del Estado por emprender acciones que permita a los ciudadanos tener un medio ambiente sano
Personal del tribunal de Justicia Administrativa retiro este miércoles los sellos de clausura del Centro de Verificación Responsable (CVR) en el municipio de Puerto Vallarta con lo que se continua con la operación de dicho centro para llevar a cabo el programa de Verificación Responsable, dado que dicha acción cometida por la autoridad municipal impedía la operación de este establecimiento, contraviniendo al derecho de los ciudadanos a un medio ambiente sano y los objetivos del Gobierno de Jalisco para, a través del Programa de Verificación Responsable, reducir la emisión de contaminantes en la atmósfera producto de la combustión que emiten los automotores fuera de normal.
La suspensión a la clausura del CVR fue concedida mediante un acuerdo aprobado por los integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco durante la Sesión Extraordinaria realizada el día de ayer 4 de abril del presente año.
Este recurso legal a favor del CVR, se dio porque la clausura del municipio impedía la prestación de un servicio público en un establecimiento que cuenta con la acreditación respectiva para realizar esta actividad fundamental para desarrollar acciones que disminuyen las emisiones provenientes de fuentes móviles y en cumplimiento de la normatividad ambiental estatal vigente.
Por lo tanto, el CVR ubicado en el Boulevard Francisco Medina Ascencio No. 4774-B, en la colonia Guadalupe Victoria, opera con normalidad y atendiendo a los automotores que acudan para el servicio de afinación conforme al calendario estipulado por la autoridad.
De esta forma quedó sustentado que la actuación del gobierno municipal fue arbitraria y sin fundamento legal para hacerlo, reiterando al Ayuntamiento la disposición del Gobierno de Jalisco por trabajar en beneficio de las personas.
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