Activistas exponen extorsión, violencia y abandono institucional; denuncian cuotas impuestas por el crimen y nula protección ante amenazas
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En el marco de la celebración del XVIII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual (RMTS), impulsado por la Brigada Callejera Elisa Martínez, colectivo que acumula más de tres décadas en actividades de respaldo y asistencia a trabajadoras sexuales en múltiples regiones del país.
El evento se plantea como un espacio para la discusión abierta sobre las problemáticas cotidianas que enfrenta este sector, así como para visibilizar las barreras impuestas por la criminalidad y la falta de reconocimiento legal
La Brigada Callejera expuso en un documento las distintas formas de persecución, extorsión y uso político que afectan a quienes ejercen el trabajo sexual en México, señaló el acoso institucional, los constantes cobros de piso y las amenazas por parte de grupos criminales, con tarifas que oscilan entre 500 y mil pesos para poder operar en determinadas zonas.
Narcoviolencia y presión internacional reconfiguran riesgos en el trabajo sexual
Elvira Madrid Romero, responsable de la Brigada, señaló en entrevista con Infobae México que la violencia y la extorsión forman parte de una creciente ola de violencia desde hace dos años.
“Hay muchas compañeras que están pasando por esta situación y no hacen caso, cuando van a poner denuncia muchas veces no las quieren levantar porque muchas veces están involucradas o ya el miedo, porque pueden ver cómo han golpeado a algunas de ellas”, afirmó Elvira.
Elvira Madrid enfatizó que el cobro de piso sobre trabajadoras sexuales no era un fenómeno generalizado en México hasta los últimos dos años. Destacó que la reciente alza responde al repunte de violencia y a disputas entre cárteles, quienes, ante el descenso en la venta de drogas, han diversificado sus fuentes de ingresos.
“La baja que ha habido en el consumidor, porque pues recursos no hay, pues se dedican al tráfico de personas, a la extorsión, al secuestro y pues también al derecho del cobro de piso”, detalló.
Según el análisis del colectivo, el endurecimiento de la política antidrogas estadounidense modificó los escenarios criminales en México.
“Más que del consumo, de poderla vender en donde estaban acostumbrados no pasarla. Fue cuando hubo más presión hacia Estados Unidos, hacia México, para controlar que no llegara tanto la droga allá y pues no es lo mismo que paguen en dólares, que paguen en pesos mexicanos”, afirmó Madrid.
En los últimos años, Washington intensificó la presión diplomática y comercial sobre México, como ocurrió bajo la administración del presidente Donald Trump, reforzando medidas fronterizas, demandando extradiciones y manejando la posibilidad de clasificar a cárteles como organizaciones terroristas.
Las repercusiones de estos cambios incluyen incrementos notables en feminicidios, investigaciones abiertas y casos de trata de personas vinculada al trabajo sexual. De acuerdo con el reporte anual 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, las principales entidades de origen entre las víctimas mexicanas fueron Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas.
No obstante, Elvira Martínez identifica una situación más crítica en Sinaloa: “ya no hay con quién trabajar. Pues tu pudieras tener gente aliada de gobierno para que hagan algo, pero pues allá está muy involucrado el Gobierno. La delincuencia forma parte de uno mismo y también la misma sociedad, desgraciadamente”.
Al referirse a la complejidad del contexto en el norte del país, relató:
“Entonces, pues iríamos nada más a que nos maten, porque ya nos tienen bien identificados. El año pasado sólo fuimos dos veces y eso porque nos pidieron de favor, porque estaba muy grave la situación y bueno, fuimos. Hicimos un foro, estuvimos hablando de la situación y como sea paró un poquito, pero no es suficiente. Entonces yo por eso digo que el norte desgraciadamente, pues está en una situación muy complicada”.
Extorsión, violencia y corrupción: la realidad del trabajo sexual en México
Trabajadoras sexuales en diversas zonas de la Ciudad de México enfrentan una creciente ola de extorsión y violencia sistemática, tanto por parte del crimen organizado como de cuerpos policiacos.
De acuerdo con denuncias recabadas por la Red Mexicana de Trabajo Sexual, se les exige el pago de entre 500 y mil pesos diarios o semanales, montos que pueden aumentar si hay retrasos, lo que suele derivar en golpizas o “tableadas” como castigo.
“Depende, pues dentro del trabajo sexual también hay clases socioeconómicas; entonces depende de qué punto, si es clase media, dónde están, si es clase baja, si es clase alta, eso depende”, explicó Elvira. Además, la Brigada Callejera documentó que hoteles ubicados en zonas históricas de trabajo sexual obtienen hasta el 90% de sus ingresos gracias a estas trabajadoras, a quienes ofrecen instalaciones insalubres y condiciones abusivas.
La violencia institucional también es sistemática en lugares como Tlalpan, la alcaldía Cuauhtémoc y zonas de Iztapalapa, donde las detenciones arbitrarias, el despojo y la extorsión policial son constantes. En paralelo, la gentrificación ha sido impulsada por leyes ambiguas que buscan expulsar el trabajo sexual de los centros urbanos.
“Tienen gente que está cuidando cuántos cuartos te haces. Esa es la tarifa mínima, pero dependiendo cuánto trabajes, es lo que tienes que pagar. Si no te sometes el día, la hora en que ellos dicen, como un castigo y como para presionar más, pues aumenta la tarifa. ¿Me entiendes? Entonces ya es una situación muy cabrona”, denunció la activista.
Agregó: “No les importa. Solo dinero, dinero, dinero y violencia, mucha violencia para someterlas, la verdad. Sí, si les dan una chinga como manera de respuesta… pues si alguien se somete o denuncia o hace algo, es un símbolo de ‘miren lo que les puede pasar’”.
El escenario es aún más grave para las menores de edad. “Ahí está todavía peor, porque ahí sí ya son esclavas, no pueden decidir por nada. Cada vez a nosotros nos cuesta más hacer el trabajo también de prevención de trata, porque, bueno, es que antes las enamoraban, ¿no? Entre mucha falsa promesa, desde empleos bien remunerados, pero ahora ya son levantones”, señaló. Según el Consejo Ciudadano, el 58% de los casos de trata de personas corresponde a niñas, mientras que los niños representan el 42% restante.
Elvira Madrid afirmó que el 60% de las trabajadoras sexuales se ha empobrecido por el cobro de piso. “Las compañeras estaban de verdad hartas y no nos quisieron levantar la denuncia. Te das cuenta que están involucrados, pero lo confirmamos más con lo que pasó en la semana y dijimos a las compañeras: ‘pues tenemos que buscar otra estrategia, porque van a terminar matándolas a ustedes y a nosotros’”, recordó tras brindar apoyo a colegas extorsionadas en Guadalajara a principios de 2025.
Hasta el momento el colectivo ha denunciado públicamente la instrumentalización del trabajo sexual por parte del Estado y de figuras políticas como Temístocles Villanueva, José Luis Rodríguez, María Clemente, Geraldina González, entre otros, quienes lo utilizan para obtener votos, organizar eventos masivos o simular inclusión. Entre 2024 y 2025 se han registrado 85 intentos de criminalización contra trabajadoras sexuales organizadas.
La corrupción y el clientelismo también han tocado los programas sociales, las tarjetas COVID-19 y otros apoyos fueron desviados a amigos y familiares de funcionarios, quienes usaron estos recursos como moneda de cambio político.
Además, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha judicializado la mayoría de las carpetas contra el agresor sexual serial de Tlalpan, lo que agrava la desprotección de quienes ejercen el trabajo sexual en la capital.
“México está en guerra”: denuncian abandono del Estado a defensoras de derechos humanos
Pese a contar con medidas oficiales de protección, la activista denuncia que siguen enfrentando situaciones de alto riesgo sin una respuesta eficaz del Estado. Elvira Martínez, quien ha sido amenazada en múltiples ocasiones, cuestionó severamente el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Hemos pasado los últimos años situaciones de mucho riesgo. De hecho, me metieron al Mecanismo de Protección de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que no sirve para nada, ya lo había tenido del 2017, 18, 19 y la verdad, cuando tocaba el botón de pánico tardaban o, cuando ya estando ahí en la situación de riesgo, pues no hacían mucho”, denunció.
Este mecanismo fue creado para implementar y operar medidas preventivas y de protección —incluidas medidas urgentes— a fin de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de personas en riesgo por su labor. Sin embargo, los testimonios como el de esta defensora ponen en duda su eficacia.
“Dicen que no estamos en guerra, para mí sí estamos. Y es preocupante, todas las luchadoras y luchadores sociales que han matado, que tú levantas la voz y ya te están vigilando, están ahí. No sé, la verdad es que ya uno dice Palestina, ¿no? Y me duele mucho lo que pasa en Palestina, toda la matanza que hacen, pero también México, que vivimos en guerra y hay más de 120,000 personas desaparecidas“, expresó.
No existen estadísticas oficiales abiertas que reporten con exactitud cuántos feminicidios, transfeminicidios u homicidios están vinculados al trabajo sexual, pero activistas y organizaciones siguen documentando numerosos casos emblemáticos que evidencian una tendencia alarmante.
Desde hace 37 años, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” brinda acompañamiento jurídico, realiza conferencias sobre salud sexual y da apoyo integral a mujeres víctimas de violencia, adicciones, enfermedades de transmisión sexual, así como a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de trata y explotación.
“Yo veo a las compañeras, por ejemplo, que estudian, que terminan su primaria, secundaria, que las promotoras de salud apoyan para hacer las pruebas, porque pues no hay quien. Después de que el gobierno dejó de apoyar a las organizaciones, pues muchas ya ni hacen nada”, lamentó la activista.
En 2013, la Brigada Callejera logró un avance histórico: mediante el amparo 112/2013, se obtuvo el reconocimiento legal del trabajo sexual como actividad asalariada, lo que abrió la puerta a su regulación como trabajo autónomo con derechos laborales. Pese a ello, quienes defienden estos derechos siguen enfrentando una realidad marcada por amenazas, impunidad y abandono institucional.
