Un tribunal en Baja California Sur resolvió que Penguin Random House debe publicar el derecho de réplica solicitado por la televisora
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La justicia mexicana ordenó a la editorial Penguin Random House publicar el derecho de réplica solicitado por Televisa, tras confirmar que el libro de Anabel Hernández, Las señoras del narco: Amar en el infierno, contiene información falsa sobre un supuesto catálogo de actrices vinculadas al narcotráfico.
Esta resolución marca un hito en la aplicación del derecho de réplica en publicaciones editoriales y abre la puerta a sanciones y posibles demandas millonarias contra la editorial y la autora.
De acuerdo con información recabada por El Universal, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito resolvió que Penguin Random House debe publicar la versión de Televisa en todas las ediciones impresas y digitales futuras del libro. El fallo judicial, emitido el pasado 11 de julio en La Paz, Baja California Sur, es definitivo y no se puede apelar.
¿Qué decía Anabel Hernández en su libro?
El libro de Anabel Hernández García expuso una supuesta estrategia del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva para reclutar actrices y conductoras. En el capítulo 17 la periodista de investigación señala que Beltrán Leyva propuso la apertura de una clínica de belleza cerca de Televisa para acercarse a mujeres famosas, aprovechando contactos en el mundo del espectáculo.
Hernández detalló que existía “un catálogo así de grande”, desde donde se podía “hacer la contratación” de celebridades, especificando “cuánto tiempo estaría la famosa, qué tenías que darle, transportación del punto A al punto B”. Particularmente, el libro apunta que “la más cara, y según me dijeron la mejor apadrinada de la empresa, con el contrato más alto en ese momento era Paty Navidad: 700 mil pesos una comida de cinco horas”. En el libro se expone que no se corroboró si la contratación implicaba necesariamente relaciones sexuales.
En el texto se menciona a un supuesto ejecutivo que habría facilitado el acceso a los catálogos en Televisa San Ángel. Sin embargo, la resolución apunta a que Televisa demostró que no existe ningún registro de un ejecutivo con ese apellido (Burillo) en esos años en las áreas mencionadas.
Las investigaciones presentadas por la defensa de la televisora demostraron que los catálogos del Centro de Educación Artística, producidos en 1991, 2005 y 2006, funcionaban únicamente como herramientas para seleccionar talento actoral para las producciones, sin descripción de servicios ni tarifas individuales. Además, en esos catálogos aparecen tanto niños como adultos mayores, lo que refuta la hipótesis de su uso con otros fines.
El Universal reportó que la editorial presentó pruebas discrepantes durante el juicio, algunas reconociendo la existencia de los catálogos, otras negándolo todo.
Cabe apuntar que varias actrices mencionadas, entre ellas Galilea Montijo, Paty Navidad, Ninel Conde y Alicia Machado, han rechazado más de una vez dichos señalamientos.
Televisa apunta que dichas aseveraciones realizadas por Hernández daña la reputación del CEA, de la empresa, pero “sobre todo, daña la reputación de cientos de actrices, de mujeres, muchas hoy madres de familia, que aparecen en dichos catálogos y a quienes de manera ruin e injustificada se les hace ver permisivas y/o como parte de una red de trata”.
Según El Universal, Televisa prepara demandas paralelas tanto en México como en el Reino Unido contra la editorial, situación que podría terminar en multas millonarias a favor de la televisora.
El otro revés
Este es el segundo revés para Hernández y la editorial. El pasado mes de junio el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resolvió que Penguin Random House incurrió en una infracción al utilizar sin consentimiento la imagen de Violeta Vizcarra en el mismo libro.
De acuerdo con el despacho Maceo, Torres & Asociados, la editorial utilizó una fotografía extraída de las redes sociales de Vizcarra, publicándola tanto en la portada como en páginas interiores del libro, sin contar con autorización. El argumento de libertad de expresión fue descartado por el IMPI, que consideró que la difusión comercial de la imagen afectó la presunción de inocencia y dignidad de la demandante.
La sanción incluye una multa de más de medio millón de pesos, además de la indemnización a la que Vizcarra tendrá derecho por daños y perjuicios derivados del empleo de su imagen.
Según el libro, Vizcarra habría mantenido una relación cercana con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, siendo señalada como intermediaria en la captación de figuras del espectáculo, y referida en testimonios directos y en documentos atribuidos a la Fiscalía General de la República. La autora también afirmó que Vizcarra tuvo vínculos con figuras como Alejandro Basteri, Pablo Montero y José Ramón López Beltrán.
