El ministro instructor Javier Laynez Potisek solicitó a las autoridades demandadas, es decir, el Congreso de la Unión y el ejecutivo federal, que presenten su contestación dentro del plazo legal.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Javier Laynez Potisek admitió la demanda de la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y suspendió su aplicación por tiempo indefinido.
El ministro ponente admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE contra el “decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
Además, Laynez Potisek concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto a fin de que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y rijan las disposiciones vigentes” antes del “Plan B”.
Mediante el mismo acuerdo, el ministro instructor solicitó a las autoridades demandadas, es decir, el Congreso de la Unión y el ejecutivo federal, que presenten su contestación dentro del plazo legal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el @INEMexico en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada.
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— Suprema Corte (@SCJN) March 25, 2023
La SCJN indicó en su comunicado que la suspensión se otorgó porque “el decreto no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la medida generalmente no se concede”.
Asimismo, refirió que ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión, aún tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos.
“En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, acotó.
El pasado 22 de febrero, con 72 votos a favor de Morena, PT, PVEM y PES, y 50 en contra del PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural fue aprobada el “plan b” de la reforma electoral.
Esta reforma implica una reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), recorte en el gasto y eliminación de su autonomía presupuestal, el despido del 84.6 por ciento del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), la fusión de áreas y la remoción anticipada del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, entre otros cambios que deberán efectuarse a más tardar el 1 de agosto de 2023.
También establece la reducción de los salarios de los consejeros, quienes ganan más que el mandatario federal, y la eliminación de fideicomisos. Pero permite que los partidos podrán conservar el dinero que no se gaste en el año para utilizarlo posteriormente y que no haya multas por padrones irregulares.
El paquete de reformas ya había sido aprobado en diciembre de 2022 por el Congreso de la Unión, pero su promulgación se frenó por cambios que hizo la Cámara de Diputados, uno de los más importantes fue la eliminación de la “cláusula de vida eterna” para partidos políticos y coaliciones.
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