Dijo que todas esas demandas han sido desechadas por notoriamente improcedentes, usando el término legal.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que tienen “casi 2 mil” procesos judiciales en los que se involucra a la Secretaría de Salud (Ssa) como la autoridad responsable de algo relacionado con la pandemia, incluso denuncias penales.
“En este momento no tengo actualizada la lista o el número de procesos judiciales. Hemos tenido hasta denuncias penales. Partidos políticos, legisladoras, legisladores y dirigentes de partidos políticos nos han acusado penalmente por homicidio, genocidio o cosas de esta naturaleza”, comentó en la conferencia de prensa vespertina sobre el covid-19 en México.
Afortunadamente, abundó, todas esas demandas han sido desechadas por notoriamente improcedentes, usando el término legal.
“Están estas otras que son el amparo, que es un recurso legal donde una persona percibe que han sido vulnerados o restringidos sus derechos, acude al Poder Judicial ante las instancias correspondientes y un juez determina si existe o no evidencia al respecto y emite una sentencia”.
Las negativas no les llegan, las positivas sí, porque tienen la suspensión provisional o definitiva a su favor, apuntó.
“Hemos tenido unas seis o siete hasta el momento y otras en donde en la segunda instancia se desecha”, indicó.
¿Por qué la burocracia no trabaja?
Al preguntarle por qué los trabajadores de la administración pública federal, estatal y municipal siguen sin trabajar, debido a la pandemia de covid-19, pero perciben un sueldo de su patrón, el gobierno de México, respondió:
“La disposición es para quienes son o somos empleados del gobierno de México, y la lógica no es de protección de las personas, de lo colectivo versus lo individual, sino que fue una disposición técnica de sana distancia, en marzo de 2020, para reducir la movilidad en el espacio público”.
Ahí surgió el “quédate en casa”, la suspensión temporal de las clases presenciales para alumnos de educación preescolar, básica y media básica, y de todas las actividades laborales del sector público, social y privado, excepto las declaradas como esenciales.
“El gobierno tiene la oportunidad de que con una sola disposición administrativa puede sacar de la vía pública a más de un millón de personas que somos empleadas del gobierno. Esto tiene beneficios para todas y todos, no solo para las personas que se quedan en casa”, apuntó.
En el acuerdo donde se estableció la sana distancia, agregó, se dispuso que las personas en condiciones de riesgo por covid-19 fueran consideradas “de alto riesgo” y no se exigiera su asistencia al campo de trabajo.
“Como se puede ver, hay disposiciones generales que tienen un efecto de masa, es decir, un gran número de personas fuera del espacio público, y hay otras que sí son dirigidas específicamente a las personas que tienen alguna condición de edad o salud que las hace muy vulnerables, lo que trajo consecuencias en la operación de los servicios gubernamentales, incluyendo los de salud”.
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