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CIUDAD DE MÉXICO.
Una de las primeras consecuencias de la parálisis legislativa en la ALDF, sumada a los 15 días de suspensión de trabajos tras el sismo del 19-S se hace evidente: el nombramiento de los 167 funcionarios del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
Las designaciones debían ocurrir en diciembre, pero ahora se prevé que sea en enero cuando se lleven a cabo.
Si recordamos, hay una moción suspensiva hasta que se levante la contingencia de emergencia en la Ciudad de México, por lo tanto ahorita no hemos estado trabajando en materia de los nombramientos, pero sí tenemos que sacar la convocatoria para la Comisión Ciudadana en diciembre” dijo la semana pasada a Excélsior Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia, encargada de emitir las convocatorias.
A principios de octubre, cuando reiniciaron los trabajos en la Asamblea después del sismo, el Pleno aprobó priorizar los trabajos legislativos relacionados con la reconstrucción y aplazar los demás temas; Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, declaró que esa decisión permitiría atender la emergencia con más eficacia.
Sin embargo, en octubre no se aprovechó el tiempo en el tema de la reconstrucción: aunque las diputadas del PRI, Dunia Ludlow, y del PAN, Margarita Martínez Fisher, organizaron una serie de mesas para analizar la iniciativa de ley de reconstrucción con urbanistas y arquitectos, las mesas no se llevaron a cabo, pues la Comisión de Gobierno no les dio luz verde, y todo el debate de la ley se llevó a cabo a puerta cerrada.
En las sesiones del Pleno de la ALDF se presentaron diversas iniciativas de reconstrucción, pero no hubo sesiones públicas donde los damnificados y los ciudadanos pudieran conocer los argumentos y posturas de los legisladores respecto al tema.
El pasado 23 de octubre, el diputado Ernesto Sánchez, declaró a los medios que todo el proceso de selección del Sistema Anticorrupción no se retrasaría.
Las convocatorias tendríamos que estarlas haciendo a mediados o finales de noviembre, y no debemos pasar del 31 de diciembre, para tener los nombramientos completos”, dijo.
La semana pasada el argumento del legislador cambió y explicó que la intención original era realizar los nombramientos a mediados de diciembre, pero existía el inconveniente de traslaparlos con la discusión del presupuesto y se le restaría seriedad al tema.
Adelantó que impulsará un período extraordinario en enero, para que se lleve a cabo el proceso de selección y nombramiento para el SLA.
Los nombramientos pendientes incluyen al Fiscal Anticorrupción, el Secretario Técnico del Comité Anticorrupción, así como el Comité de Participación Ciudadana, que a su vez tendrá un rol activo en varios procesos de selección de funcionarios del Sistema Anticorrupción.
Para Mónica Tapia, de la organización Ruta Cívica, es preocupante que los nombramientos no se hagan este año sino en enero del 2018, y es que aseguró que la decisión quedará en manos de diputados suplentes, ya que los titulares se habrán ido a hacer campañas.
Tapia consideró que llevar este proceso a tiempos electorales provocará que en lugar de tener en mente el buen funcionamiento del sistema anticorrupción, en los legisladores privará “la concesión-negociación” con base en criterios políticos.
Para la diputada local del PRI, Dunia Ludlow, es correcto que los nombramientos se vayan hasta enero.
Pero que se vayan a enero con un planteamiento, con los tiempos definidos, si va a haber foros con la sociedad civil, que se defina cuándo van a ser los foros”, señaló.
Una visión más radical, desde la sociedad civil, es la de Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública, quien considera que es irrelevante si los nombramientos se dan en enero o en diciembre.
En la práctica todo se distribuye por cuotas de partidos, aunque digan que es por experiencia y que no son cuotas, ni cuates, además ahorita no hay gobernabilidad en la asamblea, pues hay una guerra civil allí entre Morena y el PRD”.
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