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CIUDAD DE MÉXICO.
Hoy, por mandato de ley, se realizará la primera reunión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual, de esta forma, entrará en funciones, pero sin su brazo ejecutor: el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Así, sin un fiscal Anticorrupción, México se apresta a combatir “el mayor mal del país”, la corrupción, que cada año arroja un daño económico equivalente al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un billón 920 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, en el Senado no se alcanzaron consensos entre los distintos grupos parlamentarios para designar al primer fiscal Anticorrupción y, aunado a ello, el pasado 23 de marzo, las organizaciones civiles agrupadas en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que asistían a los senadores en la materia, abandonaron los trabajos.
En entrevista, María Marván Laborde, articulista de Excélsior y expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), ahora Inai, recordó que el fiscal Anticorrupción debería haber sido nombrado desde 2014, para un periodo de cuatro años y concluir funciones el 30 de noviembre de 2018, por lo que ahora estaría en el cargo sólo por año y medio.
“Por un lado, celebro que se vaya a instalar el Sistema Nacional Anticorrupción, porque es una demanda de la sociedad y es una exigencia para controlar, prevenir y castigar la corrupción. Podría haberse tomado como pretexto el decir: pues no instalamos porque no hay fiscal Anticorrupción”, señaló la también expresidenta del IFE.
María Amparo Casar, integrante del Consejo Directivo del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), escribió en Excélsior, el pasado 22 de marzo, en su artículo “Indolencia Parlamentaria”, que para la clase política mexicana el combate a la corrupción no es una prioridad.
“Esta dilación en el nombramiento muestra el tamaño del compromiso en la lucha contra la corrupción de los gobernantes… con su omisión demuestran que, a pesar de sus grandilocuentes discursos, para ellos los problemas de la corrupción y la impunidad no son prioridad”, indicó la también investigadora del CIDE.
El fiscal Anticorrupción dependerá orgánicamente de la Fiscalía General de la República (FGR) y junto con seis instancias más conformará el Comité Coordinador del SNA, el cual tiene como propósito mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
Así, además del fiscal Anticorrupción, el Comité Coordinador está conformado por los titulares del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); Secretaría de la Función Pública (SFP); Consejo de la Judicatura Federal (CJF); Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De igual manera por los titulares del Inai y por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, el cual es presidido por la exconsejera electoral y excomisionada del Ifai, Jacqueline Peschard.
Hoy, el Comité Coordinador del SNA deberá entrar en funcionamiento, por lo que Jacqueline Peschard, presidenta del mismo, convocó a los demás integrantes a esta instalación.
Carrera por la fiscalía
En la contienda por la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción quedan 22 de los 32 aspirantes originales.
El último en declinar su participación fue el abogado José Bernal Rafael Espino del Castillo Barrón, quien dejó el proceso de selección pese a que fue elegido por el Comité de Acompañamiento ciudadano como uno de los cuatro mejor calificados para el cargo.
Los aspirantes que declinaron en el proceso son Ximena Puente, Miguel Sarre, Fernando Valerio Gutiérrez, Jack Rafael Gorodezky, Héctor Carreón, Ángel Buendía, Arturo Jesús Becerra y José Bernardo Rafael Espino, por voluntad propia.
Mientras, Angélica Palacios y Braulio Robles fueron obligados a renunciar, después de que se comprobó que entre ellos se copiaron el ensayo que presentaron como parte de los requisitos.
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