Acusado por el Departamento de Justicia norteamericano de brindar protección operativa a la facción de «Los Chapitos», el exfuncionario estatal se habría puesto a disposición de las autoridades federales de ese país, pese a haber negado previamente los cargos ante la FGR.
Los expedientes de cooperación e investigación sobre el narcotráfico en el Pacífico mexicano sumaron un nuevo capítulo internacional. Fuentes de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos confirmaron la presunta entrega voluntaria en territorio estadounidense de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El exmando policial es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York bajo cargos de delincuencia organizada y conspiración para el tráfico internacional de estupefacientes.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos identifica a Almanza Avilés bajo la clave «R1» en los registros financieros de las células delictivas. La acusación formal establece que el exfuncionario estatal presuntamente percibía un sueldo de 300 mil pesos mensuales por parte de la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa entre los años 2017 y 2022. De acuerdo con el expediente penal norteamericano, a cambio de estos recursos económicos, el imputado facilitaba el libre tránsito de precursores químicos destinados a la producción de fentanilo en Culiacán, ordenaba la liberación de operadores capturados, ejecutaba órdenes de aprehensión contra grupos rivales y filtraba datos confidenciales sobre los despliegues de la Marina y el Ejército Mexicano.
La entrega del exjefe ministerial se concretó a escasos días de haber comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, donde declaró ante medios de comunicación que no tenía la intención de someterse a la jurisdicción estadounidense ni de participar como testigo protegido, argumentando que las imputaciones carecían de sustento probatorio. De ratificarse formalmente el procedimiento por las cancillerías, Almanza Avilés —quien enfrenta una pena que oscila entre los 40 años de prisión y la cadena perpetua— se sumaría a otros exservidores públicos de la entidad que ya se encuentran bajo la custodia de los tribunales norteamericanos.
Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV
