Un estudio revela que la entidad concentra casi una quinta parte de los ataques documentados a nivel nacional, afectando principalmente a micro y pequeños negocios.
El estado de Sinaloa se posicionó como la entidad con mayor incidencia de ataques perpetrados por el crimen organizado en contra de negocios y unidades productivas, al acumular 65 agresiones de un total de 343 casos documentados a nivel nacional entre enero de 2025 y septiembre de 2026, de acuerdo con una investigación realizada por la organización Data Cívica. La violencia contra el sector comercial incluye balaceras, incendios y el uso de artefactos explosivos con el propósito de intimidar a los propietarios, obligarlos al cierre o imponer condiciones sobre precios y proveedores.
Los datos señalan que el 79.3 por ciento de los establecimientos afectados corresponden a micro y pequeñas empresas, un sector altamente vulnerable ante las pérdidas económicas y la extorsión. A nivel municipal, Culiacán concentró 48 de los incidentes registrados en el país, reflejando el impacto de la crisis de seguridad sobre la economía local y la cadena de suministro, problemática que se suma a las estimaciones del Inegi sobre el alto porcentaje de delitos no denunciados contra el sector productivo nacional.
Análisis de la violencia comercial, metodologías de investigación y las diversas modalidades de coacción implementadas por las estructuras delictivas:
– Concentración regional: Sinaloa y su capital lideran las estadísticas de violencia criminal directa contra establecimientos comerciales en el periodo evaluado.
– Modalidades de agresión: Los ataques más frecuentes involucran detonaciones de armas de fuego, incendios intencionales y uso de explosivos en comercios y huertas productivas.
– Control de mercado: Organizaciones criminales intervienen en la selección de proveedores, fijación de precios y rutas de distribución para someter a los comerciantes.
– Impacto económico: Las amenazas y extorsiones derivan frecuentemente en modificaciones de horarios operativos, desabasto o el cierre definitivo de los negocios afectados.
Las organizaciones civiles y empresariales continúan exigiendo medidas integrales de seguridad que atiendan la extorsión y protejan las actividades productivas frente a la presión de los grupos delictivos.
Fuente: Data Cívica / Inegi / Medios Locales | © Redacción NoticiasPV
