La dependencia federal aclaró que los requerimientos ministeriales dirigidos a los mandatarios de Chihuahua y Sinaloa corresponden a un asunto de procedimiento legal bajo la calidad de testigos, llamando al respeto institucional.
Las controversias desatadas por las recientes notificaciones judiciales a mandatarios de diversas fuerzas políticas provocaron el posicionamiento de las autoridades de la política interna del país. La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un pronunciamiento para precisar que los citatorios girados por la Fiscalía General de la República (FGR) a servidores públicos de Chihuahua y Sinaloa obedecen estrictamente a mandatos procedimentales previstos en la legislación penal, descartando cualquier tipo de intencionalidad o sesgo partidista.
Mediante una tarjeta informativa difundida este sábado 23 de mayo, la dependencia federal recordó que la FGR opera bajo un esquema constitucional de autonomía jurídica, por lo que sus actuaciones se desarrollan de manera independiente y con fundamento en el marco normativo vigente. El desplegado gubernamental enfatizó que tanto la gobernadora chihuahuense, María Eugenia Campos Galván, como el mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han sido convocados formalmente para comparecer ante los agentes del Ministerio Público de la Federación en calidad de testigos.
El pronunciamiento de la Segob aconteció pocas horas después de que la titular del Ejecutivo en Chihuahua acusara de manera pública a las instituciones federales de orquestar una persecución para vulnerar la soberanía de su estado. No obstante, las bitácoras oficiales revelaron que las diligencias de la fiscalía abarcan de forma simultánea a la estructura sinaloense sujeta a indagatorias en la Unión Americana, detallando que de las diez personas requeridas en el caso del Pacífico, dos de ellas se encuentran imposibilitadas para asistir tras haberse puesto bajo la custodia de cortes neoyorquinas.
Los documentos ministeriales confirman que además de los titulares de las gubernaturas, las citas para rendir entrevistas legales se extendieron al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y a los principales miembros del gabinete de seguridad del noreste del país. La administración federal exhortó a los actores involucrados a sujetarse a los lineamientos del debido proceso, reiterando que la recopilación de testimonios es una facultad necesaria para el correcto esclarecimiento de las carpetas de investigación vigentes.
Fuente: Secretaría de Gobernación (Segob) | © Redacción NoticiasPV