“Se acabó la verdad histórica”: Gertz Manero cerró una infame era en el caso Ayotzinapa

El fiscal General de la República informó que Tomás Zerón, quien encabezó las investigaciones en el sexenio anterior, ya cuenta con una ficha roja de la Interpol para poder ser arrestado

infobae.com

A casi seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio por terminada la llamada “verdad histórica” en la que se determinó que los jóvenes fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, municipio de Guerrero. Después, sus restos habrían sido arrojados al Río San Juan.

Así lo dio a conocer este martes el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al informar que el arquitecto de esta “verdad”, Tomás Zerón de Lucio ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), ya es buscado por la Interpol luego de que huyó de México.

El papel de Zerón en las investigaciones del caso Ayotzinapa fue fundamental porque aportó elementos a lo que el Gobierno llamó “la verdad histórica”, una narrativa de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Ésta ha sido cuestionada una y otra vez por los expertos que han analizado el caso.

Tomás Zerón encabezó las investigaciones. El 28 de octubre de 2014, a sólo un mes de la desaparición de los estudiantes, dirigió la indagatoria en las inmediaciones del basurero de Cocula y del Río San Juan, en donde, al día siguiente (29 de octubre de 2014) elementos de la policía habrían encontrado bolsas con restos óseos quemados.

Foto: archivo

El hecho fue expuesto por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un video, lo que dio lugar a la especulación de que los restos podrían haber sido sembrados.

Tomás de Lucio aseguró que la visita del 28 de octubre “fue totalmente transparente” y formaba parte de múltiples visitas que realizó a Guerrero para investigar de manera profunda. Aseguró que sus todas tenían sustento en un mandamiento ministerial.

Incluso dijo que el recorrido en el Río San Juan se efectuó en compañía de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, uno de los detenidos clave en la desaparición de los normalistas. En su declaración ministerial, García Reyes aseguró haber participado en los hechos en los que fueron quemados los cuerpos de los estudiantes y afirmó que las cenizas fueron echados en bolsas al río.

Zerón de Lucio explicó que previo a la declaración ministerial de Agustín García Reyes, la PGR no tenía conocimiento del probable destino de los desaparecidos, por lo cual era necesario acudir al lugar para verificarlo.

La “verdad histórica”

Tomás Zerón de Lucio y Jesús Murillo Karam,ex procurador General de la República. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

El jefe de Zerón de Lucio era Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República, durante el sexenio de Peña Nieto.

Tras las investigaciones, el 7 de noviembre de 2014 se presentó una conclusión. Ese día, el procurador determinó que los normalistas fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, hechos a los que denominó “la verdad histórica” y dio por terminado el caso a pesar de que había diversas inconsistencias en pruebas y testimonios de varios supuestos involucrados.

Los padres de los estudiantes desaparecidos así como los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazaron las conclusiones del procurador, quien renunció a su cargo en febrero del 2015.

El 25 de septiembre de 2015, diputados del PRD presentaron una demanda de juicio político contra el ex titular de la PGR bajo los argumentos de violaciones graves a la ley durante la investigación que encabezó por la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

En tanto, en el reporte final del Grupo de Expertos de la CIDH que estudió el caso entre marzo de 2015 y abril de 2016, cuestionó las conclusiones del informe oficial, al tiempo que denunció irregularidades graves en el curso de la investigación.

Durante el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto, los familiares de los normalistas exigieron justicia y nuevas indagatorias, lo cual sucedió con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (el 1 de diciembre de 2018), quien aseguró que llegar a la verdad del caso, era prioridad para su administración.

Nuevas investigaciones

Dictamen sobre el basurero de Cocula / Equipo Argentino de Antropología Forense

En diciembre de 2018, se creó una comisión para la verdad y el acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa, como parte de una serie de acciones para intentar resolverlo en un plazo razonable.

Además, la FGR conformó, mediante un decreto, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, encargada de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con esta desaparición.

Pero en septiembre de 2019, un juez liberó a 30 policías presuntamente asociados con la desaparición de los normalistas. El Subsecretario de Derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas, calificó la liberación de los implicados como “una afrenta a las víctimas y a los padres y muestra la miseria del Sistema de justicia en el país”.

En enero de 2020, Alejandro Encinas, informó que serían llamados a declarar exfuncionarios y nuevos actores sobre el proceso del caso Ayotzinapa, entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam.

Por su parte y entrevistado en un programa de radio, Jesús Murillo Karam aseguró que “le daba mucho gusto” que se investigue el caso Ayotzinapa y que hasta ese momento “nadie lo había contactado” para platicar sobre el caso.

Foto: especial

“A mí me pueden investigar todo lo que quieran, estoy completamente a disposición. Nadie me ha contactado. Al inicio de la administración tuve una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, pero porque yo lo solicité”, aseveró.

Subrayó que si hubo violación de los procedimientos en la investigación del caso Ayotzinapa, se debe castigar a quien lo haya hecho.

«Es un caso verdaderamente doloroso, le dedique prácticamente todo el tiempo de mis últimos meses en la PGR», indicó.

Murillo Karam defendió, lo que en su momento denominó como “la verdad histórica”. Explicó que se trata de un argumento jurídico que le presenta el Ministerio Público al juez para que determine la verdad legítima. E insistió en no tener duda de que los restos encontrados en el basurero de Cocula pertenecen a un grupo grande de normalistas.

“Siempre dije que no podía precisar cuántos, pero estoy seguro que ahí se cometió un homicidio terrible”, aseguró.

Este martes 30 de junio de 2020, el titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero informó que derivado de la nueva investigación en torno al caso de los normalistas, ya fueron enviados algunos restos a la Universidad Innsbruck para ser identificados, además de que se giraron 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

“Todas las diligencias realizadas durante este nuevo período de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos y con las periciales de ubicación y de identificación han permitido establecer la cronología de lo sucedido así como la participación de quienes cometieron esos delitos”, afirmó.

“Inclusive se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck que fueron encontrados durante esta nueva administración y esta nueva investigación sobre los cuales se esperan resultados de inmediato”, dijo.

El pasado 29 de junio, se dio a conocer que elementos de la (FGR) detuvieron a Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, presunto líder del cártel Guerreros Unidos de quien se sospecha que está vinculado con la desaparición de los estudiantes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el criminal fue detenido el pasado 24 de junio a las 07:30 horas en el Estado de México.

Ángel Casarrubias es hermano de Sidronio Casarrubias, arrestado en 2014 por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas.

Según reportes de inteligencia, algunos detenidos por la PGR aseguran que Ángel Casarrubias les dio la orden de asesinar a los 43 estudiantes.