El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que el mandatario con licencia no cuenta con protección de agencias federales; el anuncio ocurre tras las acusaciones emitidas por Estados Unidos y el bloqueo de sus cuentas bancarias por la UIF.
El paradero y las condiciones de seguridad en las que se encuentra el titular del Poder Ejecutivo sinaloense con licencia fueron clarificados por el gabinete de seguridad de la Federación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió las versiones sobre un presunto resguardo bajo confidencialidad, confirmando de forma pública que el mandatario Rubén Rocha Moya permanece en el territorio de su estado natal.
Durante su intervención ante medios de comunicación, García Harfuch pormenorizó las condiciones operativas de su custodia personal, precisando de forma categórica que el funcionario con licencia no dispone de elementos adscritos a corporaciones de naturaleza federal como la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano. El titular de la SSPC puntualizó que las tareas de acompañamiento y protección perimetral son ejecutadas de forma exclusiva por un grupo de reacción perteneciente a la Policía Estatal de Sinaloa, prerrogativa jurídica que mantiene vigente por su estatus de mandatario constitucional.
El desglose informativo de las autoridades federales ocurre en un contexto de alta presión política y judicial internacional. Rubén Rocha Moya solicitó formalmente la separación temporal de su cargo tras ser formalmente encausado por agencias del Gobierno de los Estados Unidos, las cuales lo vinculan de forma directa, junto con un grupo de nueve colaboradores cercanos y mandos operativos, con esquemas de colusión y nexos operativos con el Cártel de Sinaloa.
A raíz de los señalamientos de la justicia norteamericana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó de manera preventiva la inmovilización de los activos y cuentas bancarias de Rocha Moya y de los funcionarios implicados, bajo la etiqueta técnica de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Entre la lista de sancionados destaca Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, quien optó por entregarse de forma voluntaria ante los tribunales estadounidenses para encarar juicios federales por conspiración para el tráfico de narcóticos y posesión de armas de fuego de uso exclusivo militar.
Fuente: Conferencia de prensa de la SSPC e informes de la UIF | © Redacción NoticiasPV
