El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán y el vicefiscal de la entidad acudieron a las oficinas ministeriales federales tras los señalamientos de la Unión Americana sobre supuesta protección a una facción del Cártel de Sinaloa.
Los esquemas de rendición de cuentas e investigación judicial alcanzaron a las altas esferas del servicio público en el noroeste del país. Este martes 26 de mayo de 2026, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros servidores públicos de la entidad, se presentaron de manera formal ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para emitir sus declaraciones en torno a los expedientes penales abiertos por el gobierno de los Estados Unidos, donde se les acusa de otorgar protección institucional a la facción de «Los Chapitos».
Las comparecencias ministeriales en la ciudad de Culiacán iniciaron con el arribo de Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de la entidad, quien al término de su diligencia rechazó de forma categórica las imputaciones y se declaró inocente ante los medios de comunicación. Posteriormente, Rocha Moya confirmó su asistencia a través de redes sociales, manifestando que atenderá todos los requerimientos de la autoridad judicial bajo la premisa de hacer prevalecer la verdad y manifestando su confianza en el Estado de Derecho.
El tercer funcionario en desahogar el requerimiento jurídico fue el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien abandonó el recinto oficial en un vehículo privado sin emitir declaraciones directas a la prensa, aunque previamente sostuvo que su desempeño siempre ha estado apegado a la legalidad. Las investigaciones federales contemplan la recolección de testimonios de un grupo de diez servidores públicos en funciones y excolaboradores de la administración sinaloense, entre ellos mandos policiales y un senador de la república.
Fuentes del ámbito de procuración de justicia confirmaron que dos de los exfuncionarios citados en el listado original no acudieron a las oficinas debido a que se entregaron de forma voluntaria a las agencias de seguridad de los Estados Unidos en días pasados. Se trata del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien cruzó por la frontera de Arizona, y del exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, interceptado en Nueva York, tras enterarse de las órdenes de aprehensión provisionales dictadas en su contra con fines de extradición.
Fuente: FGR | © Redacción NoticiasPV