La Fiscalía General de la República concluyó que la exsecretaria de Desarrollo Social no hizo nada por evitar este fraude
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Rosario Robles, exfuncionaria del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, fue señalada por la Fiscalía General de la República por permitir un daño al erario equivalente a 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, argumentando que, cuando se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no hizo nada para evitar la Estafa Maestra.
Ese es el nombre de la investigación periodística que destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano de Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.
De acuerdo con El Universal, la FGR presentó la acusación contra Rosario Robles este martes, ante el centro de justicia penal federal del Reclusorio Sur, por ejercicio indebido del servicio público, subrayando supuestamente cometió esta omisión con dolo, y por ello, la fiscalía solicitó la exfuncionaria pague el total del dinero que fue desviado a raíz de caso, 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, a manera de reparación de daño.
La FGR también solicitó que se le imponga una multa por 3 millones 561 mil 300 pesos y una condena de 21 años de cárcel. Además, para respaldar estas acusaciones, la Fiscalía ofreció el testimonio de 56 servidores y exservidores públicos para que rindan declaración en contra Robles Berlanga, por el caso de la Estafa Maestra.
Estos testimonios provienen de actuales trabajadores, o quienes estuvieron durante la gestión de Robles, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sedesol, Sedatu, además de policías federales y ministeriales. Ofrecen además una prueba pericial en materia de contabilidad, para respaldar los dos hechos en los que la FGR basa todo el proceso.
Por otro lado, según señala dicho medio, la Fiscalía informó que la defensa de Rosario Robles, hasta ahora, no se ha pronunciado por negociar alguna determinación anticipada, como puede ser el procedimiento abreviado. No obstante, se dicen abiertos al diálogo, con ambas partes del caso, es decir Robles y la ASF, por si se quisiera buscar una negociación.
Tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la pena máxima para Rosario Robles Berlanga, es titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Su abogado señaló que el criterio de oportunidad no es considerado por la ex funcionaria que ha asegurado en repetidas ocasiones que no tiene a quién delatar.
Esta posibilidad se comentó luego de que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aplicara esa figura jurídica y denunciara a decenas de funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto con materiales audiovisuales. Sin embargo, para Robles Berlanga asegura que tampoco cuenta con videos o recursos económicos de algún delito para cubrir el daño.
El defensor Epigmenio Mendieta dijo al Heraldo de México que para aceptar un procedimiento abreviado, la FGR tendría que presentar una propuesta formal que él revisará para presentarla a la ex funcionaria.
Sobre la acusación por un presunto desvío de 5 mil millones de pesos que conlleva una solicitud de 21 años de prisión, el abogado señaló que ellos no consideran que haya delito, pues el comportamiento que se le atribuye a la ex funcionaria es atípico. “Ella no tuvo conocimiento, como lo establece el tipo (penal) de que podría resultar gravemente afectados supuestamente el patrimonio de la Federación”, indicó.
Por otro lado, señaló que la reparación del daño no procede porque Robles Berlanga no está formalmente acusada de quedarse con dinero del erario o favorecerse de dinero desviado.
La multa económica solicitada es de 450 días, que de acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal que contempla el delito del ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con información de Animal Político. El cálculo se hace considerando el salario que Robles Berlanga percibía en aquel entonces , por lo que el monto asciende a alrededor de 2.5 millones de pesos.
El defensor de Rosario Robles declaró que la acusación es desproporcionada y “es muestra de la justicia selectiva que el Estado lleva contra Robles. Están pidiendo la pena máxima por un delito que ni siquiera cometió porque ella no tenía facultades para impedir la firma de convenios con universidades. Se trata de un delito que ya estaría prescrito, y en el que en todo caso, la responsabilidad es de Emilio Zebadua, que era el oficial mayor”. Además confió en que demostrarán la inocencia de la ex funcionaria.