Rosa Icela Rodríguez reprocha liberación de «Don Rodo»: Se trata de un asunto de Estado

“Las autoridades estadunidenses dieron respuesta, por escrito, sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche, en los términos ordenados por el juez”.

proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El juez que ordenó la liberación de Abraham alias “Don Rodo” no tomó en cuenta ni valoró adecuadamente las pruebas aportadas por la Fiscalía; no dio tiempo suficiente, pero tampoco se encontraron un proceso o alguna orden de captura por parte de Estados Unidos, admitió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Reprocharon la actuación y respuesta del Poder Judicial: “El máximo tribunal respondió, por escrito, al Gobierno de México justificando el actuar del juez”.

“Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013, y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado y fue detenido nueve años después, propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanas y mexicanos que sufren de forma directa o indirecta los efectos del crimen organizado”, dijo la secretaria.

También informó que esta lunes “las autoridades estadunidenses dieron respuesta, por escrito, sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche, en los términos ordenados por el juez”.

Aún con las irregularidades en la detención que indica el juez, la funcionaria federal afirmó: “El Gobierno de México reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, así como del personal de la Fiscalía General de la República que cumplieron con su deber, buscaron aplicar la ley y sacar de la calle a quienes dañan a la sociedad”.

Aclaró que si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideraron que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones.

La detención se llegó a cabo el 21 de abril, por elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, resultado de información de las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, que lo ubica en la participación en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y al tráfico de armas.

“Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación, los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso de esta persona, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y, en consecuencia, ordenó su inmediata liberación”.

La decisión, dijo, se tomó a las 4:25 horas, del 28 de abril y después también acusó que no se dio tiempo para la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado.

“En cambio, admitió y vio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados, en los que se presume una manipulación”, agregó.

La funcionaria dijo que al tratarse de un asunto de interés para el Estado Mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, ayer se solicitó la intervención  de la Suprema Corte de Justicia su para revisión del proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia.

Se destacó que se trata de los casos más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Aunque el juez había dado un ultimátum de tres horas, se determinó no acatar de inmediato, para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado Mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25 mil pesos, que procederemos a pagar, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros”.

                                                         
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